Por: N+ UNIVISIÓN
Washington, Estados Unidos; 4 de octubre.- Un jurado federal declaró culpables a un ciudadano colombiano y a su esposa estadounidense tras comprobarse que orquestaron una red de fraude a nivel nacional que desvió cerca de 13 millones de dólares destinados a programas de asistencia social, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Los sentenciados fueron identificados como Luis Pino Copete, de 42 años, y Jael Watts, de 45 años, quienes contrajeron matrimonio en Bogotá en 2023. Ambos enfrentan cargos por defraudar subsidios del Departamento de Transporte (DOT) y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), los cuales estaban dirigidos a apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y población en situación de calle.
El modus operandi: una empresa fantasma
De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el juicio, la pareja operaba una fachada empresarial denominada Pearl Transit Corporation, con sede en Nueva Jersey.
En los documentos oficiales, la compañía se ostentaba como empleadora de conductores encargados de trasladar a sectores vulnerables y de coordinar labores de apoyo social en distintos puntos del país. No obstante, las indagatorias revelaron que la empresa operaba exclusivamente sobre el papel: no contrató personal ni brindó ningún servicio de transporte o asistencia.
Para saquear los recursos públicos, los acusados engañaron a administradores estatales y locales mediante la presentación sistemática de reportes falsos de empleo, falsificación de clientes e identidades robadas de personas reales, logrando gestionar solicitudes de reembolso millonarias.
Estilo de vida ostentoso
Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas contundentes de que, aunque el esquema intentó apropiarse de 13 millones de dólares en reclamaciones, la pareja logró embolsarse de manera directa al menos 1.6 millones de dólares en fondos federales.
Dichos recursos fueron utilizados para financiar un estilo de vida de lujos y gastos ostentosos, lejos del propósito social de los programas gubernamentales que vulneraron. Las autoridades federales emitirán las sentencias correspondientes en las próximas semanas conforme avance el proceso judicial.