Torreón.– La denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) que derivó en la detención de José Elías Ganem Guerrero, ex secretario del Ayuntamiento de Torreón; su esposa, Martha Rodríguez Romero, y otras tres personas, seguramente alcanzará a más involucrados, consideró el senador Luis Fernando Salazar Fernández, quien presentó la querella en junio del año pasado.
En entrevista, el legislador explicó que el caso se originó por el presunto desvío de 66 millones de pesos de origen federal, destinados al mantenimiento de 16 bombas y pozos de agua potable de Torreón, mediante un contrato adjudicado por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).
“Desde el 11 de junio de 2025 dimos a conocer esta operación que implicaba un desvío de recursos federales en favor de diversos ex funcionarios públicos y particulares”, señaló.
Salazar Fernández explicó que después de hacer público el caso presentó la denuncia ante la FGR y posteriormente la amplió con más elementos. La Fiscalía dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que inició el seguimiento de la ruta del dinero.
De acuerdo con el senador, parte de los 66 millones de pesos provenía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y tenía como destino el mantenimiento de 16 bombas y pozos de Torreón.
Señaló que en la licitación participó una empresa que, según la documentación que recabó para sustentar su denuncia, no tenía empleados ni registraba otras operaciones.
Aseguró que después de recibir depósitos millonarios, la empresa transfirió prácticamente de inmediato los recursos a otras cuentas relacionadas con un esquema de facturación.
Entre las operaciones detectadas, agregó, apareció una transferencia directa a José Feliciano Hernández Hinojo, “El Olimpo”, quien se desempeñaba como chofer y escolta de Ganem Guerrero y además estaba registrado como empleado municipal, en la dependencia a cargo de Martha Rodríguez Romero, el Centro de Justicia Municipal.
Salazar Fernández señaló que Hernández Hinojo, con un ingreso de alrededor de 15 mil pesos mensuales, apareció relacionado con una camioneta Suburban High Country cuyos registros también llevaron a la empresa que obtuvo el contrato del SIMAS.
A partir de esos elementos, dijo, señaló en su denuncia a Ganem Guerrero, a Hernández Hinojo y al entonces gerente del SIMAS, Roberto Escalante González.
La investigación de las autoridades federales llevó posteriormente a otras personas que no aparecían en la denuncia original.
“Yo sí señalo a Ganem, yo sí señalo a Roberto Escalante, yo sí señalo al Olimpo, pero el resto de los imputados surge de las investigaciones”, explicó.
Hasta ahora están detenidos José Elías Ganem Guerrero; Martha Rodríguez Romero; José Feliciano Hernández Hinojo, “El Olimpo”; Farid Alí Ibarra Nassar, y Georgina Ramírez Chacón.
Salazar Fernández precisó que no denunció a Rodríguez Romero y que desconoce qué elementos encontró la autoridad durante el desarrollo de la investigación para involucrarla.
En el caso de Farid Alí Ibarra Nassar, aseguró que desconocía su existencia cuando presentó la querella y que su presunta participación habría surgido del seguimiento que las autoridades hicieron a la ruta del dinero.
Sobre Georgina Ramírez Chacón, indicó que aparece como representante legal de la empresa que obtuvo la licitación investigada y que, de acuerdo con la información que posteriormente conoció, estaba relacionada con un despacho contable de Torreón.
El senador consideró que la investigación todavía puede alcanzar a más personas conforme las autoridades determinen el destino final del dinero.
“El otro asunto es seguir la huella del dinero porque no sabemos a qué otros bolsillos, a qué otras cuentas se haya ido a parar el resto de esos recursos y, obviamente, a quienes hayan ido a parar probablemente también vayan a ser imputados”, señaló.
Salazar Fernández consideró además que la operación mediante la cual se adjudicó el contrato no pudo realizarse sin la participación de funcionarios del organismo operador y mencionó al entonces gerente Roberto Escalante.
“Esta empresa tuvo que haber contado con el aval del SIMAS, del director del SIMAS, que es el que emite la licitación”, afirmó.
El senador señaló que la UIF realizó sus propias investigaciones y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Salazar Fernández aseguró que Ganem Guerrero, el fallecido ex alcalde Román Alberto Cepeda González y Roberto Escalante fueron señalados en la denuncia que presentó en 2025.
Dijo no tener conocimiento de que alguno de ellos hubiera comparecido ante el Ministerio Público Federal durante el desarrollo de la investigación.
Respecto de los delitos investigados, señaló que se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
“En este caso José Ganem no habría podido extraer los recursos federales si no era con la asociación de alguien más”, sostuvo.
El legislador rechazó que la investigación responda a una disputa política y señaló que durante más de un año aportó información y pruebas a las autoridades federales.
“Es una investigación muy profunda que trata de castigar, de perseguir actos de corrupción; no es una vendetta política”, afirmó.
Salazar Fernández dijo que espera que el proceso permita determinar responsabilidades y recuperar los recursos que, de acuerdo con su denuncia, debieron utilizarse para mejorar la infraestructura de agua potable de Torreón.
“Que se haga justicia, que se logre resarcir el daño. Eso es lo que busca alguien cuando acude a la vía jurídica: que los responsables paguen y que se restituyan los recursos”, señaló.
El senador relacionó el presunto desvío con el deterioro financiero y operativo del SIMAS y recordó que el organismo mantiene un pasivo superior a 2 mil millones de pesos.
“¿Cómo te explicas que hoy tengas un adeudo encima de 2 mil millones de pesos y que la gente no tenga agua?”, cuestionó.
Para Salazar Fernández, la investigación todavía deberá establecer el destino de parte de los 66 millones de pesos y determinar si existen más personas involucradas en la operación.
“El otro asunto es seguir la huella del dinero”, concluyó.
De acuerdo con la información de la que dispone, las cinco personas detenidas estuvieron inicialmente en instalaciones de la FGR en Torreón y posteriormente fueron trasladadas a la FEMDO en la Ciudad de México. Su siguiente destino, aseguró el senador, será el Cefereso del Altiplano.
iZN