Ciudad de México.- La llamada Ley Trasciende ha reactivado la discusión sobre la muerte digna en México, luego de que colectivos y pacientes con enfermedades terminales marcharan el pasado 28 de agosto desde el Palacio de Bellas Artes hasta Palacio Nacional, exigiendo su aprobación legislativa.
La iniciativa fue redactada por Samara Martínez, activista originaria de Jalisco y residente de Chihuahua, quien vive con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Martínez presentó la propuesta el 28 de octubre de 2025 ante el Senado y un día después ante la Cámara de Diputados, respaldada por más de 128 mil firmas ciudadanas, cifra que para la marcha de agosto ya superaba las 180 mil.
El proyecto plantea reformar la Ley General de Salud para reconocer el derecho a la muerte digna como garantía humana y permitir el acceso a la eutanasia —bajo dictamen médico y solicitud expresa del paciente y su familia— como opción adicional a los cuidados paliativos.
La propuesta ha logrado un respaldo político inusual: cuenta con el apoyo de legisladores de Morena, el PRI y el PAN, aunque como bancada este último se ha mantenido al margen. Entre los legisladores comprometidos con impulsarla están el senador Emmanuel Reyes Carmona, José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado, y Pedro Zenteno, su homólogo en San Lázaro.
Pese al respaldo, la iniciativa sigue sin dictaminarse en el Senado. Actualmente, la eutanasia está tipificada en el Código Penal como “homicidio por piedad”, con penas de hasta 12 años de prisión. Encuestas citadas por los promotores indican que 7 de cada 10 mexicanos apoya la muerte digna, cifra que sube a 80% entre la población joven. Sectores como la Arquidiócesis Primada de México se han manifestado en contra, mientras que juristas como Diego Valadés han defendido la propuesta desde una perspectiva laica.
jacl