Saltillo, Coahuila.- A sus 88 años, con enfermedades crónicas, problemas de movilidad y en silla de ruedas, el saltillense José María “N” fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, dentro de una investigación federal que destapó una presunta red de tráfico de hidrocarburos que habría movilizado combustible desde Estados Unidos hacia distintos puntos de México.
De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la operación involucraba la compra de hidrocarburo en Texas, su traslado en ferrotanques por territorio estadunidense, el cruce hacia México y su posterior distribución mediante una red ferroviaria que alcanzó al menos cinco puntos de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
En el centro de esa ruta aparecen empresas como Ingemar, encargada de los trámites de importación; Canadian Pacific Kansas City (CPKC), responsable del transporte ferroviario, y Crismon Hidrocarburos, señalada como compradora del producto.
Según lo expuesto durante la audiencia, el hidrocarburo era adquirido principalmente en las refinerías de Deer Park, Corpus Christi y Houston, Texas, desde donde era cargado en góndolas o ferrotanques.
CPKC debía sellar y asegurar cada carro para garantizar que el producto llegara sin alteraciones. Posteriormente, la empresa importadora realizaba los trámites correspondientes a través de plataformas electrónicas del Gobierno federal y el agente aduanal elaboraba el pedimento para ingresar la mercancía a México.
Los faltantes
La Fiscalía sostiene que el mecanismo del presunto contrabando estaba en la diferencia entre lo que se declaraba y lo que realmente transportaban las góndolas. Mientras en los documentos se reportaban volúmenes de entre 10 mil y 11 mil litros, físicamente cada carro habría ingresado con entre 110 mil y 114 mil litros de hidrocarburo.
Una vez cruzada la frontera, los ferrotanques continuaban por las vías ferroviarias hacia distintos puntos del país.
Como parte de la investigación, fueron aseguradas 162 góndolas distribuidas en cinco ubicaciones.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron localizadas 17 góndolas en la estación de depósito de CPKC.
En Ramos Arizpe, Coahuila, se aseguraron 33 carros junto a las vías del tren, a un costado de la planta industrial Acero Prime, luego de que trabajadores reportaran un fuerte olor a gasolina.
En Saltillo, las autoridades localizaron 96 góndolas en los patios de la estación ferroviaria, en las inmediaciones de las calles Luis Gutiérrez y Emilio Carranza.
Otros 34 carros fueron asegurados en la terminal de CPKC en Monterrey, Nuevo León, y 14 más en la estación ferroviaria de Vanegas, San Luis Potosí.
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En la estructura
El combustible, de acuerdo con la información expuesta por la defensa, posteriormente habría sido trasladado hacia Cadereyta, donde se realizaría la descarga. Es en esta etapa cuando aparece el nombre del saltillense de 88 años.
El Ministerio Público lo señala como parte de la estructura relacionada con el tráfico de hidrocarburos y sostiene que, bajo su presunta calidad de socio y presidente del consejo de administración de la empresa Internacional de Fundadores, habría omitido su deber de vigilancia y permitido la operación, además de ser señalado como destinatario final del hidrocarburo.
La Fiscalía incluso le atribuyó un papel operativo dentro de la presunta red al señalar que daba instrucciones sobre dónde descargar y hacia dónde dirigir el producto en Coahuila.
Sin embargo, la defensa sostiene que la acusación se construyó sobre una relación societaria que dejó de existir años antes de los hechos investigados.
El abogado Gerardo Pérez Juvenal explicó que su cliente aparece como socio y presidente en un acta de 1979, es decir, de hace 47 años, pero que existe otra acta de 2006 en la que José María “N” ya no figura con ninguno de esos cargos.
A pesar de que la defensa presentó el documento de 2006, la juzgadora consideró que no era suficiente para demostrar formalmente la salida de De la Peña Ramos de la sociedad, al señalar que hacía falta el acta específica en la que constara su renuncia como socio y presidente.
Ante esa falta de documentación, la juez tomó como elemento válido el acta de 1979 y determinó su vinculación a proceso por delincuencia organizada.
La defensa sostiene que esa interpretación mantiene ligado a su cliente con una empresa con la que, de acuerdo con sus documentos, ya no tenía relación años antes de que ocurrieran los hechos investigados.
Condición precaria
José María “N” es un comerciante saltillense jubilado desde hace más de 20 años y vive bajo el cuidado de sus hijas y nietos. De acuerdo con su abogado, padece enfermedades crónicas, problemas de movilidad y requiere silla de ruedas para desplazarse.
Tras su detención, sufrió una crisis física y nerviosa que requirió atención médica y se determinó que no tenía condiciones para viajar ni permanecer de pie.
Por su edad y estado de salud, su defensa consiguió que enfrente el proceso bajo reclusión domiciliaria, en lugar de ser trasladado a un penal federal.
Así, mientras la FGR busca acreditar que el octogenario forma parte de la estructura responsable del trasiego ilegal de hidrocarburos, la defensa centra su argumento en que el principal vínculo utilizado para relacionarlo con la empresa corresponde a un documento de 1979, mientras que otro de 2006 lo habría dejado fuera de la sociedad.
dmc