Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, salió al paso de las declaraciones del empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez y desmintió categóricamente que exista un arraigo en su contra o que se investiguen presuntos actos de soborno.
En entrevista, el funcionario explicó que la indagatoria se originó por una denuncia del Gobierno estatal por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un Tribunal y fraude procesal, derivados de la cancelación de un contrato de distribución de despensas. García Repper subrayó que el caso no aborda el fondo administrativo del contrato, sino las afirmaciones que el empresario habría hecho ante un juzgado respecto a la entrega oportuna de pólizas de garantía.
"La afianzadora respondió que estas pólizas ni siquiera se habían entregado en la firma del contrato, el 15 de marzo; las solicitaron hasta el 3 de abril y se entregaron aproximadamente el 11 de abril", detalló el fiscal, precisando que esas declaraciones sirvieron de base para que el Tribunal concediera una resolución favorable en primera instancia, misma que posteriormente fue revocada.
García Repper fue enfático al aclarar la situación jurídica de Valdez Sánchez: "No hay arraigo. El juez únicamente ordenó que entregue su visa y pasaporte, y le prohibió salir de Ciudad Victoria sin autorización judicial, medida que busca garantizar que esté a disposición de la autoridad". Agregó que el empresario puede circular libremente por la ciudad y solicitar permiso al juez si desea viajar.
El fiscal también desmintió las acusaciones de amenazas, extorsión o sobornos que el empresario ha difundido en redes sociales y medios de comunicación, e invitó a Valdez Sánchez a presentar formalmente cualquier denuncia ante las instancias correspondientes.
"Lo lógico y lo sano es que, si existen presuntos hechos delictivos, se presenten ante las autoridades competentes para que puedan investigarse", afirmó.
Finalmente, García Repper reiteró que el proceso penal se encuentra en etapa preliminar y que será el Poder Judicial quien determine la validez de las pruebas y la responsabilidad de las partes. Aseguró que las declaraciones del empresario sobre un supuesto arraigo son falsas y no corresponden a la realidad jurídica del caso.
MEFC