Por: Agencias
Culiacán, Sinaloa — Lo que debía ser un centro de reclusión y reinserción social se ha convertido en un foco de alarma nacional. El penal de Aguaruto, en Culiacán, fue escenario de un operativo que dejó al descubierto una compleja red de recursos ilegales que operaban dentro de sus muros.
Elementos de seguridad aseguraron al menos 25 armas de fuego, entre ellas, rifles de asalto y pistolas doradas de lujo, además de explosivos improvisados, una granada, y un túnel subterráneo de 15 metros. Pero lo que más llamó la atención fue el hallazgo de un sistema de internet satelital Starlink, una tecnología avanzada que difícilmente se asocia con un centro penitenciario.
El decomiso también incluyó teléfonos celulares, laptops, tabletas, módems y radios de comunicación, elementos que apuntan a una operación tecnológica de alto nivel, probablemente coordinada con el exterior.
El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la infiltración de estos artículos sólo puede explicarse con la complicidad de personal del penal. “Lo que está claro es que estos recursos no llegaron solos”, declaró. La investigación ya ha iniciado y se revisan los perfiles de los trabajadores penitenciarios.
Este escándalo reaviva la discusión sobre el control que los grupos criminales ejercen en algunas cárceles del país, donde la corrupción y la impunidad permiten que estos espacios funcionen como centros de comando y lujo para líderes del crimen organizado.
Las autoridades han prometido una reestructuración del penal y el despliegue de nuevas medidas de seguridad, pero el caso Aguaruto deja claro que los desafíos del sistema penitenciario mexicano van mucho más allá de sus muros.
Con información del Universal
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