Saltillo, Coah.- La Reforma Judicial impulsada por Morena, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado controversia al permitir la inclusión de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Fue el propio senador Gerardo Fernández Noroña quien reconoció que existen aspirantes que han defendido a narcotraficantes y que no cumplen con los requisitos de probidad exigidos por la Constitución.
Ante ello, impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una veintena de candidatos a juzgadores que arrastren reputaciones manchadas o relacionadas con el crimen organizado.
La Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos sobre la elección judicial del 1 de junio, señalando que las candidaturas incluyen a presuntos abogados vinculados con el crimen organizado.
La Jufed expresó su condena y preocupación ante unas declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el martes reconoció que en las listas de candidatos a un cargo en el Poder Judicial hay abogados que defendieron a narcotraficantes.
La asociación de jueces destacó que estos comentarios confirman sus advertencias de que “la reforma judicial impulsada por el actual Gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México”.
Según la Jufed, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular “no es un acto democrático”, sino un “mecanismo de cooptación institucional” que abre la puerta a intereses políticos, económicos o de grupos criminales.
“Esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, acusó.
Asimismo, la asociación recordó los pronunciamientos de organismos internacionales y exfuncionarios de otros países que han alertado sobre la posible infiltración del crimen organizado en las elecciones judiciales y la falta de garantías de imparcialidad.
Entre ellos, destacó las declaraciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, y del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
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