Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República confirmó que ha reactivado la teoría del complot en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y que apelará la negativa de orden de aprehensión contra José Antonio Sánchez Ortega, el ex agente del Cisen al que ahora señala como el “segundo tirador”.
También confirmó que apunta a Genaro García Luna como responsable de rescatar a Sánchez de las oficinas de la entonces PGR, horas después de haber sido detenido en Lomas Taurinas con su chamarra manchada de sangre del ex candidato presidencial.
REFORMA publicó este lunes que la FGR retomó la teoría de la conspiración en el crimen de Colosio y que el Juez federal Jesús Alberto Sánchez Hernández negó la orden de aprehensión contra Sánchez por el delito de homicidio calificado.
“En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, señaló la FGR en un comunicado.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”.
En su comunicado, la Fiscalía acusa a Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, de haber actuado con parcialidad, “quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR” contra el agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial.
Sánchez fue detenido la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, minutos después del magnicidio.
Dos indicios lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: al momento de su captura su chamarra blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de radizonato de sodio o prueba de Harrison Gilroy. Sin embargo, al día siguiente, la Delegación de la PGR en Tijuana lo dejó en libertad bajo reservas de ley.
La FGR cuestionó la negativa de captura contra Sánchez, dictada hace 20 días por el Juez Chávez Hernández, porque aseguró que sólo le dio valor probatorio al video del primer disparo.
“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”, expuso.
“(Sánchez) fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana”, dijo la Fiscalía.
La FGR dijo que las pruebas que presentó contra Sánchez demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos y que la sangre que tenía en su chamarra era de la víctima.
“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”, indicó la dependencia.
“Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”.
“Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
En su acusación, la FGR ofreció el testimonio rendido el año pasado por Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto en la fábrica de plástico Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay, quien identificó al agente del Cisen como la persona que visitó al magnicida en su centro de trabajo, días antes del crimen.
El testimonio es contrario a lo que declaró en 1998 cuando le exhibieron 4 fotografías de Sánchez Ortega y respondió que él no era la persona que visitó a Aburto.
Su declaración, la única evidencia que vincula a Aburto con Sánchez, es decir, que acreditaría una acción concertada entre ambos, fue desestimada por el juez que negó la aprehensión, por ser un testimonio contradictorio y poco fiable, al cambiar su versión 25 años después.
“La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística”, dijo la FGR.
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