Una constante es la desaparición tras su internamiento en centros de rehabilitación, situación que también fue identificada en Coahuila
Por: GRupo ZócaloÂ
Siete estados del país concentran 71 por ciento de las desapariciones en México, algo que ocurre con un alto grado de impunidad, pues de acuerdo con un informe de la ONU recién presentado, de todos estos casos a escala nacional apenas âentre el 2 y el 6 por ciento habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacionalâ.
El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU indica que una constante es el alegato âde desaparición de personas tras su internamiento en centros de tratamiento de adiccionesâ, situación que fue identificada en Jalisco y Coahuila.
También refiere que el Comité de la ONU âvalora positivamente la creación de centros y unidades dedicados a la identificación humanaâ.
La delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
La presentación del informe se dio ayer. El documento que se generó es de 80 páginas, dividida en diferentes puntos. Un comunicado del Comité de la ONU advierte que âla impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjuntoâ.
El Comité expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Lamentó que, cuatro aí±os después de la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, âsolo algunas entidades federativas cuentan con fiscalías especializadas (Coahuila, Guerrero y Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz), mientras que otras las han categorizado de una manera que no se corresponde con la estructura orgánica y atribuciones establecidas en la Ley General (Baja California, Jalisco y Sonora).
Además, las fiscalías especializadas, por lo general, no cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para cumplir con sus funcionesâ.
En la página 7 del informe se indica que en México âlos servicios forenses son insuficientes (â¦) y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 aí±os para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada díaâ.
En sus recomendaciones, urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación de todas las instituciones