Asilos del país en el limbo ante brotes de COVID-19

Ciudad de México.- El Gobierno federal sólo tiene control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores en el paí­s, pues organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo atienden 10 asilos de un total de 819.

De acuerdo con datos del Directorio Estadí­stico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, 15% de los asilos de México son públicos, pero la estructura del Inapam sólo permite revisiones a los estatales privados.

Ana Luisa Gamble, directora de atención geriátrica del instituto, seí±ala que la última revisión fue a 300 asilos de 15 estados del paí­s, de septiembre a diciembre de 2019.

En ese tiempo se aplicó la Norma Oficial Mexicana (NOM-031), referente al cuidado de los adultos mayores en centros de asistencia social, y “en ese mismo momento se hicieron recomendaciones”.

No obstante, ni la NOM-031 ni la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan a los asilos a tener un espacio de aislamiento en caso de epidemia.

De acuerdo con el Inapam, un lugar así­ es clave para detener contagios, por lo que en su última revisión a los asilos privados se verificó que pudieran contar con el requisito.

Sin embargo, Jaqueline Pardo Semo, jefa de la Unidad de Atención e Inclusión Social del DIF nacional, detalla que esta institución no tiene capacidad jurí­dica para revisar los asilos de los sistemas a nivel estatal, así­ que sólo quedan bajo su resguardo las 269 personas de los cuatro centros federales.

“No estamos haciendo ninguna visita externa; eso le toca a la Secretarí­a de Salud. Lo que vimos fue que todos los centros se dotaran de cubrebocas, batas, jabón, etcétera, y eso corrió por parte del DIF.

“Nosotros [mandamos] el protocolo (...) pero cada uno de los estados tiene sus propias casas, su supervisión y se rigen por el protocolo nacional y la NOM-031”, explica.

En los primeros dí­as de mayo, dos asilos en Nuevo León reportaron los primeros contagios de COVID-19 en el paí­s, y el secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó que se clausuraban cinco centros que incumplí­an “con tener espacio de distanciamiento”.

Sin embargo, la NOM-031 sólo especifica que debe haber “salas de televisión, de usos múltiples y dormitorios (...) [con] pasamanos próximos a la cama y sistemas de alarma”.

En las recomendaciones del Inapam a los 300 asilos, a la junta de asistencia privada y a los gobernadores se hizo énfasis en que deben tener un área de aislamiento, y en caso de algún contagio, actuar de inmediato.

Por su parte, Ana Luisa Gable asegura que desde el instituto se mantienen en contacto con los asilos para resolver dudas sobre el protocolo y “blindarlos” ante el virus.

“Nadie está exento de que le pase, pero el tema es observar excesivamente los protocolos de los trabajadores: que tengan toda la protección, que haya mucho aseo, que se mantenga una distancia”, aí±ade.

Hasta finales de 2018, el Inegi reportó que todos los estados tienen asilos y residencias de dí­a, públicos y privados, pero 64% de estos últimos están en sólo nueve entidades, como Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León.

A pesar de esto, Gamble reconoce que la atención a adultos mayores es responsabilidad del Estado, aunque por aí±os se olvidó y fue la oportunidad para que organizaciones civiles y particulares tomaran la tarea.

“Más que vigilar y castigar, en el Inapam vemos cómo hacer que brindes un mejor servicio (...) El problema es mundial, pero sí­ venimos de quitarle al gobierno la responsabilidad que le tocaba, y creo que esto es una gran lección, porque nadie, ni con todo el dinero, le puede entrar a esto”, dice.