El gobierno está recabando datos de licencias de manejo, entre otros.
Por Grupo Zócalo
Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump, a través de la oficina del Censo, está pidiendo a los estados información de las personas que hacen uso de servicios y ayudas públicas y de las licencias de manejo de sus residentes. Organizaciones que defienden la inmigración alertan que es un nuevo intento de la administración para conocer el estatus migratorio de los conductores, según la agencia de noticias Associated Press (AP).
Tras negativa de la Corte Suprema a que Trump incluyera en el Censo 2020 una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados, la oficina del Censo vuelve ahora a la carga. En su dictamen, el propio máximo tribunal del país recomendó al gobierno buscar la información migratoria por otros medios.
Tal y como ya advirtieron activistas proinmigrantes, hacer uso de la oficina del Censo para obtener estos datos puede acabar con la fiabilidad de la institución ya que los inmigrantes podrían dejar de participar en sus encuestas por temor a ser identificados y sufrir represalias. Esto provocaría interpretaciones erróneas a la hora de decidir el número de representantes de los estados en el Congreso o las ayudas federales a los estados.
Según AP, la Asociación Estadounidense de Administradores de vehículos de Motor dijo que la mayoría de los estados ya han recibido peticiones sobre raza, edad, domicilio y estatus migratorio de sus residentes. Lo que no está claro es qué jurisdicciones optarán por enviar los datos. De momento, Illinois ya se ha negado a hacerlo y Florida aún no ha contestado.
El temor creció entre los migrantes indocumentados con licencias de manejar cuando se supo que, en algunos estados, el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) estaba enviando información a ICE para aumentar las deportaciones. Muchas de estas licencias indican si el conductor es o no ciudadano.
Sin embargo, al gobierno no le basta con esto sino que también ha solicitado la información de beneficiarios de ayudas públicas. Esto es especialmente preocupante ya que el gobierno busca negar visado y residencia permanente a inmigrantes que hayan recibido dichos beneficios. Esta política está ahora mismo varada tras el fallo de un tribunal federal.
El servicio de inmigración ya utiliza en sus investigaciones las huellas dactilares de bases de datos policiales y otros datos biométricos de arrestados o criminales convictos. La diferencia ahora es que se está requiriendo la información de personas que no han cometido delito alguno.
