El informe âLas personas y la corrupción: América Latina y el Caribeâ detalla que más de la mitad de los encuestados admitieron haber pagado sobornos durante el estudio.
Por: EFE
Berlín, Alemania.-Â Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos 12 meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado ayer por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.
El informe âLas personas y la corrupción: América Latina y el Caribeâ destaca además, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.
âLa fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el Gobierno no está haciendo un buen papelâ, resumió en declaraciones Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el periodo de estudio, con 51% de los interrogados, seguido por República Dominicana (46%), Perú (39%), Venezuela (38%) y Panamá (38%).
En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6%), Brasil (11%), Argentina (16%), Jamaica (21%) Chile (22%), Uruguay (22%), Paraguay (23%) y Costa Rica (24%).
Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33%), El Salvador (31%), Nicaragua (30%), Colombia (30%) Guatemala (28%), Ecuador (28%), Bolivia (28%).
Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la âexperiencia personalâ de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.
En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87% cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41% lo percibe así.
De entre los encuestados, 53% sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que 35% cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.
No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73% de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55% de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.
PAíSES DEFRAUDADOS
El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeí±os estén âsiendo defraudadosâ por âsus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privadoâ.
âEl caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerablesâ, argumentó.
Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20%), seguido por la escuela pública (18%), las oficinas de documentos de identidad (17%), la Policía (16%), los servicios públicos de agua y electricidad (14%) y los tribunales (12%).
Por instituciones y a nivel regional, la Policía y los representantes electos son percibidos como âtodos o casi todos corruptosâ por 47% de los encuestados, seguidos por el Gobierno local (45%), el primer ministro (43%), jueces y magistrados (40%), empleados públicos (37%), empresarios (36%) y líderes religiosos (25%).
Destaca también que en Venezuela 73% de los encuestados considera que la Policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56% de los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un soborno.
Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.
TI considera que la âmedida más importanteâ contra la pequeí±a corrupción es dar una información âcompleta sobre derechos y costos de los trámitesâ, explica Salas.
Es clave además mejorar la âprotección al denuncianteâ, un ámbito en el que âen América Latina estamos en paí±alesâ: âEstá hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedoâ.
