Por: Milenio
CDMX, México; 16 de noviembre.- Hace unos días, el diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez López, impulsó una iniciativa para que el Instituto Nacional de Migración (INM) que plantea crear mecanismos permanentes de consulta e intercambio de información con autoridades nacionales y organismos internacionales para verificar los antecedentes penales de los extranjeros en el país.
¿En qué consiste la propuesta?
La iniciativa, remitida a la Comisión de Asuntos Migratorios y que adiciona una fracción XIV al artículo 20 de la Ley de Migración, sostiene que bajo el creciente flujo internacional obliga a las autoridades migratorias a contar con mecanismos eficientes para consultar información oficial extranjera de quienes deseen ingresar o permanecer en el país.
De igual forma, advierte que la delincuencia opera sin límites geográficos, ya que una persona puede ser condenada por un delito en otro país y después trasladarse a territorio mexicano.
Por ello, si México carece de herramientas eficaces para acceder a esos registros, se abre una brecha de vulnerabilidad que permite a personas con historial delictivo evadir la justicia de su país y seguir operando en otro territorio.
Así, la iniciativa apunta a tapar ese vacío legal sin estigmatizar a los extranjeros. Al exigir de manera explícita que la verificación se base solo en registros oficiales derivados de sentencias definitivas, el proyecto protege la presunción de inocencia y evita que una mera investigación o señalamiento produzca sanciones migratorias.
¿Cómo funcionará?
El diputado panista destacó que incorporar esta nueva facultad al Instituto Nacional de Migración permitirá crear esquemas permanentes de consulta y revisión de registros oficiales sobre antecedentes penales de extranjeros, respaldados por sentencias firmes dictadas tanto en México como en el exterior.
De igual forma, el Instituto podrá coordinarse con las instancias nacionales que correspondan y, cuando resulte pertinente, con organismos internacionales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
Esta disposición, puntualizó, permitirá fortalecer los controles migratorios sin convertirlos en herramientas arbitrarias, ya que no pretende aplicar una política sustentada en la nacionalidad, sino en información oficial, decisiones judiciales firmes y evaluaciones apegadas a la ley.
“Una persona no debe ser considerada delincuente por ser extranjera, pero tampoco puede ignorarse una sentencia penal firme emitida por una autoridad competente de otro país cuando esa información resulte jurídicamente relevante para determinar su situación migratoria en México”.
Además, Martínez López subrayó que la seguridad de las familias mexicanas exige instituciones capaces de anticiparse a los riesgos y no únicamente reaccionar después de que el delito haya ocurrido.
Considera que México debe fortalecer sus mecanismos de cooperación internacional, intercambio de información y control migratorio, y seguir siendo un país de puertas abiertas para quienes vienen al territorio a trabajar, estudiar, invertir, visitar a sus familias o buscar protección, pero debe contar con controles.
