Ciudad de México .— Ante lo que integrantes del propio organismo calificaron como la crisis institucional y de corrupción más severa en la historia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General aprobó por unanimidad un plan emergente de fiscalización y transparencia que incluye auditorías externas, el rastreo a fondo de proveedores y una revisión urgente por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La estrategia, presentada por la consejera Carla Humphrey con el respaldo del cuerpo colegiado, surge tras la dimisión de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei, vinculada a presuntas irregularidades administrativas y señalamientos de conflicto de interés en la asignación de contratos públicos.
”“Jamás se había visto la renuncia de la Presidencia del Consejo General vinculada a un escándalo de corrupción. Para una crisis histórica se requieren medidas extraordinarias”, aseveró el consejero Arturo Castillo durante el desahogo de la sesión.
Escrutinio total al gasto y cerco a proveedores
El plan aprobado mandata una revisión integral a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios ejecutados por el órgano electoral. La fiscalización solicitada a la ASF abarcará la trazabilidad completa del presupuesto, desde la justificación del gasto hasta el cumplimiento operativo de cada contrato.
Para evitar la adjudicación a empresas vinculadas de forma encubierta con mandos del instituto, el INE solicitará informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, se obligará a toda persona física o moral que aspire a ser proveedora a transparentar su estructura gerencial, accionistas y representación legal.
Aunque la propuesta inicial planteaba fiscalizar de manera retroactiva el periodo del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026, el Consejo General acordó sujetar los plazos de revisión a la normatividad legal de la ASF.
Piden al Congreso eliminar facultades unilaterales y restaurar contrapesos
Durante el debate, la consejera Humphrey urgió al Poder Legislativo a reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para revertir las modificaciones que otorgaron facultades de designación unilateral a la Presidencia del INE sobre los integrantes de la Junta General Ejecutiva.
Humphrey propuso sustituir dicho órgano por una Comisión de Administración y Presupuesto integrada por consejeros electorales, al argumentar que la centralización del poder derivó en la pérdida de colegialidad y de los contrapesos internos necesarios para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos.
Los representantes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Consejo General respaldaron la implementación de las auditorías y las medidas de saneamiento administrativo.
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