Por: N+ Noticias
Washington, Estados Unidos; 18 de agosto.- José Mejía Hernández, un inmigrante mexicano radicado en Estados Unidos, denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser detenido en el estado de Virginia.
El incidente y las lesiones
De acuerdo con el testimonio ofrecido por el connacional, los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto cuando se dirigía a trabajar portando una sombrilla debido a la lluvia. Al percatarse de la presencia de dos camionetas sospechosas e inferir que se trataba de agentes migratorios, decidió huir corriendo del lugar.
Sin embargo, los oficiales le dispararon con un taser (pistola eléctrica) directamente en la espalda, lo que provocó que se desplomara y perdiera el conocimiento de inmediato.
”Al despertar, estaba todo golpeado en un hospital en Washington D. C. y acompañado de algunos agentes de inmigración”, relató Mejía Hernández, quien cuestionó que la gravedad de sus lesiones —que incluyen siete puntos de sutura en el labio, fuertes dolores faciales y un derrame de sangre en la cabeza— sea consecuencia exclusiva de una caída.
Tras permanecer internado durante tres días, el mexicano fue dado de alta con un brazalete electrónico de monitoreo y enfrenta dificultades para someterse a estudios médicos prioritarios, además de quedar incapacitado temporalmente para laborar.
Postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que el uso de la fuerza se debió a que el connacional intentó evadir la detención, justificando que las acciones de los agentes correspondieron a los protocolos necesarios para controlar el incidente, tras lo cual fue trasladado de urgencia a un centro médico.
Asimismo, la dependencia federal detalló los antecedentes migratorios y legales de Mejía Hernández, señalando que ingresó de forma irregular al país en 2006 (año en el que aceptó un retorno voluntario), reingresó en 2008 y, en 2020, fue condenado por embriaguez pública en el condado de Fairfax, motivo por el cual permanecía bajo libertad condicional con supervisión de un localizador GPS a la espera de sus procesos de deportación.
OZA