Por: N+ UNIVISIÓN
Washington, Estados Unidos; 4 de septiembre.- La administración del presidente Donald Trump iniciará a partir del próximo 9 de septiembre la implementación de un paquete de ajustes a la política migratoria de Estados Unidos. Las medidas endurecerán las condiciones de estancia para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), estudiantes, periodistas extranjeros y solicitantes de residencia permanente.
Especialistas advierten que la aplicación de los nuevos criterios —diseñados para ejecutarse de manera escalonada en un lapso menor a diez días— incrementará el riesgo de detenciones al otorgar mayor margen de acción a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cancelación del TPS para salvadoreños
El primer ajuste entrará en vigor a las 00:00 horas del 10 de septiembre de 2026, fecha en que vencerá la designación del TPS para ciudadanos de El Salvador, programa vigente desde 2001 tras los sismos que azotaron a esa nación centroamericana.
Salvo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emita una prórroga de último momento o medie una orden judicial, decenas de miles de salvadoreños perderán la protección contra la deportación y sus permisos de trabajo.
La cancelación no derivará en deportaciones automáticas para quienes cuenten con procesos paralelos activos, tales como solicitudes de asilo, peticiones familiares o laborales, o la residencia legal permanente.
Fin a la “Duración de Estatus” en visas F, J e I
A partir del 15 de septiembre, el gobierno federal abolirá el esquema de “Duración de Estatus” (D/S) y fijará fechas de vencimiento estrictas en el formulario I-94 para portadores de visas de estudiante (F-1/F-2), intercambio (J-1/J-2) y prensa internacional (I).
Los oficiales de aduanas otorgarán una admisión inicial máxima de hasta cuatro años, sujeta a la duración real del programa académico.
Los corresponsales extranjeros serán admitidos por un periodo fijo de hasta 240 días (reducido a 90 días para periodistas de China continental), obligándolos a tramitar extensiones periódicas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Endurecimiento del criterio de “Carga Pública”
El 18 de septiembre entrará en vigor un nuevo reglamento que amplía el catálogo de apoyos estatales que los oficiales migratorios evaluarán para determinar si un solicitante de visado o residencia permanente representa una “carga pública”.
Además de las asistencias en efectivo e institucionalizaciones de largo plazo, los agentes examinarán el uso de programas condicionados por ingresos, tales como cupones de alimentos (SNAP), asistencia nutricional (WIC), subsidios de vivienda, atención médica (Medicaid) y créditos fiscales, como parte de un análisis integral del historial socioeconómico del aspirante.
OZA