Por: Agencia Reforma
Nuevo León, México; 16 de agosto.- La organización RegioPoder presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma para establecer filtros de evaluación antes de que jueces y magistrados puedan llegar a una elección popular.
La propuesta busca que los comités de Evaluación revisen la preparación, capacidad e integridad de los aspirantes y seleccionen a los mejor calificados.
Luego, los listados serían depurados mediante insaculación pública y bajo criterios de paridad de género.
Andrea García, fundadora y directora de RegioPoder, señaló que la reforma judicial no debe limitarse a cambiar la forma de elegir a quienes imparten justicia, sino aprovecharse para fortalecer las instituciones.
“Si la ciudadanía va a participar mediante su voto, tenemos que procurar que quienes lleguen a la boleta hayan pasado previamente por procesos que valoren su preparación, capacidad e integridad”, sostuvo.
La iniciativa plantea además crear una Comisión Ciudadana que acompañe la evaluación y selección de candidaturas, con representantes de universidades, Consejo Nuevo León, el Colegio de Abogados, organizaciones civiles y los tres Poderes del Estado.
Otro de los puntos busca blindar la independencia de jueces y magistrados.
Para ello, propone establecer que el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial no puedan revisar los criterios jurisdiccionales utilizados en las resoluciones ni sancionar a juzgadores por el sentido de sus decisiones.
“Podemos exigir responsabilidad, transparencia e integridad a quienes imparten justicia, pero existe una línea que ninguna institución debe cruzar: intervenir en la forma en que una jueza o un juez resuelve un asunto”, señaló Arturo Ramírez, coordinador general de RegioPoder.
La propuesta también plantea separar las funciones administrativas y disciplinarias mediante un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, ambos con independencia técnica y de gestión.
En materia electoral, la organización propone campañas judiciales de 60 días, sin precampañas ni financiamiento público o privado, así como mecanismos para evitar que intereses partidistas o económicos condicionen las candidaturas.