Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) emitió una alerta urgente a la ciudadanía tras detectar una sofisticada modalidad de fraude y extorsión dirigida a adultos mayores. De acuerdo con la dependencia, grupos criminales utilizan de forma ilegal el nombre, cargo y firmas de servidores públicos federales, además de logotipos institucionales clonados, para engañar a las víctimas y despojarlas de su patrimonio.
El pronunciamiento de la secretaría se da luego de que este jueves 2 de julio se hiciera pública la denuncia de cuatro personas de la tercera edad, quienes fueron víctimas de una red de defraudadores que operaba bajo la fachada de un bufete jurídico falso. Los delincuentes, utilizando credenciales apócrifas de al menos cinco dependencias de los gobiernos federal y local, lograron un botín de casi 2 millones de pesos.
El “modus operandi”: Suplantación y documentos apócrifos
La SABG detalló que los estafadores contactan a las víctimas presentándose como funcionarios de alto nivel. Bajo esta identidad ficticia, solicitan depósitos económicos urgentes bajo conceptos falsos como:
– Gestión de trámites gubernamentales.
– Recuperación de fondos previamente defraudados.
– Emisión de certificaciones jurídicas.
– Cancelación de supuestas sanciones fiscales.
”“Para dar apariencia de legitimidad, los defraudadores presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales”, advirtió la institución regulatoria.
Para robustecer el engaño, los criminales emplean ingeniería social avanzada. En uno de los casos documentados, un delincuente se identificó como Marco Antonio Hernández, ostentando el cargo de titular de la Unidad de Investigación en Delitos Fiscales y Financieros de la SABG —área que en realidad pertenece a la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque un funcionario con ese nombre sí labora en la secretaría, su cargo real es la titularidad de la Unidad de Administración y Finanzas, lo que confirma la suplantación de identidad para ganar la confianza de los afectados.
De la negligencia médica a la estafa: El caso Xalapa
La investigación periodística revela que la farsa criminal comenzó a articularse en octubre de 2025 en Xalapa, Veracruz. José Luis Rodríguez, un paciente diabético que sufrió la amputación de los dedos de su pie izquierdo, fue abordado a las afueras de la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por una mujer identificada como la supuesta abogada Beatriz Dueñas Luna. La implicada le ofreció un esquema ilegal para incrementar su pensión mensual de 8 mil a 20 mil pesos.
Este mecanismo de enganche se repitió con al menos doce jubilados más, quienes entregaron sumas de entre 60 mil y 100 mil pesos a la firma “S&A Corresponsal Jurídico”. En febrero de este año, los afectados descubrieron que el despacho no existía.
Tras interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y realizar un reporte anónimo al número 089, las víctimas fueron contactadas vía WhatsApp desde números con clave LADA de la Ciudad de México por los falsos funcionarios de la SABG, quienes prometieron “congelar las cuentas del despacho” y recuperar su dinero a cambio de nuevas transferencias, consumando un segundo fraude.
Medidas de prevención y denuncia alternativa
Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recordó de manera enfática que todos los servicios y trámites ante la federación son completamente gratuitos, por lo que ninguna entidad solicita depósitos a cuentas particulares ni transacciones en efectivo a través de plataformas como WhatsApp o llamadas telefónicas.
La dependencia exhortó a la población a no proveer información bancaria ni datos personales y puso a disposición las líneas de atención e inteligencia ciudadana 552000-2000 y 800-1128-700 para verificar la autenticidad de cualquier requerimiento o reportar conductas delictivas.
jacl