Eagle Pass; Texas.- La Corte Suprema de Texas cerró la vía legal emprendida por sobrevivientes del tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, al rechazar la apelación presentada contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el Condado de Uvalde por presuntas fallas durante la respuesta al ataque de 2022 que dejó 21 personas fallecidas.
La decisión del máximo tribunal estatal, emitida sin explicación adicional, mantiene vigente el fallo previo de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito en San Antonio, que había desechado la demanda por considerar que las agencias gubernamentales conservan inmunidad legal bajo la legislación texana.
La acción judicial fue promovida por cinco maestros y 20 estudiantes que se encontraban dentro de la escuela al momento de la masacre, aunque no en las aulas donde el atacante asesinó a 19 alumnos y dos maestras.
Documentos judiciales señalan que varios de los demandantes permanecieron refugiados en salones cercanos mientras escuchaban disparos y observaban al agresor desplazarse por el plantel. Algunos denunciaron haber sufrido lesiones durante la evacuación, además de secuelas emocionales y psicológicas derivadas de los hechos.
En la demanda, los sobrevivientes acusaron a las corporaciones de seguridad de no actuar de manera inmediata para proteger a estudiantes y personal docente, señalando retrasos de más de una hora antes de que las autoridades ingresaran para confrontar al atacante.
También argumentaron que existieron fallas en los sistemas de comunicación y en el equipo táctico utilizado por los agentes, indicando que algunos radios operaban con alcance limitado, lo que habría complicado la coordinación del rescate.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que los demandantes no demostraron que el supuesto mal funcionamiento del equipo fuera la causa directa de las lesiones reclamadas, requisito necesario para eliminar la inmunidad gubernamental establecida en la Ley de Reclamaciones por Agravios de Texas.
Asimismo, el tribunal concluyó que las acusaciones relacionadas con la falta de uso de chalecos antibalas, escudos y armamento especializado no son suficientes para responsabilizar legalmente a las agencias demandadas.
En su resolución, los magistrados recordaron que cualquier modificación a las leyes de inmunidad gubernamental corresponde exclusivamente al Poder Legislativo de Texas y no a los tribunales.
MEFC