Por Agencia Reforma
Ciudad de México.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Antonio “N” por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero.
De acuerdo con la FGR, el también exfuncionario del Instituto Nacional de Migración (INM), quien fue procesado en libertad por el caso del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, fue capturado en la Colonia Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Al momento de su aprehensión, los federales le aseguraron 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos en efectivo, así como diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres y teléfonos celulares.
“Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Centro Federal de Readaptación Número 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica”, dijo la Fiscalía.
El 4 de abril de 2024, el juez de control Gregorio Salazar ordenó la captura de Genaro García Luna y otras 59 personas por supuestamente participar en un esquema de desvíos de recursos y lavar más de 5 mil 112 millones de pesos provenientes de 10 contratos de la Secretaría de Gobernación.
Los convenios cuestionados fueron adjudicaciones directas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) a la empresa Nunvav, registrada en 2005 por el exsecretario de Seguridad Pública Federal en Panamá.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que, entre 2015 y 2019, Nunvav hizo transferencias a empresas cuya contabilidad supuestamente controlaban los cómplices del exmando policiaco, y que a su vez triangularon millones de pesos a otras compañías propiedad de familiares de García Luna.
“De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el aprehendido, en su encargo como coordinador General de Centros Federales de Readaptación, firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos”, dijo la FGR.
Un año antes de ser prófugo de la justicia por este caso de los contratos del sistema penitenciario, Molina Díaz ya había sido vinculado a proceso por otro asunto.
El 25 de abril de 2023, el juez de control José Avelino Córdova procesó al entonces director general de Control y Verificación Migratoria del INM por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de la muerte de 40 migrantes en el incendio del 27 de marzo de ese año en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Ese proceso, sin embargo, lo llevó en libertad provisional con las medidas cautelares de presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país.
iZN