Por: Milenio
Monterrey, México; 27 de mayo.- Tras la polémica generada en el municipio de Juárez, donde el secretario de Igualdad, Félix Arratia, dejó el cargo de alcalde en manos de su esposa, Mónica Oyervides, el Congreso local dio un paso contundente para erradicar las prácticas de nepotismo en las administraciones municipales.
Reforma al artículo 60
Con una votación mayoritaria de 38 votos a favor, el Legislativo aprobó en primera vuelta una reforma a la Ley de Gobierno Municipal. El nuevo marco jurídico establece una restricción clara: queda prohibido que el presidente municipal sustituto tenga parentesco por consanguinidad o afinidad en primer o segundo grado con el alcalde que se ausente definitivamente o con quien haya fungido como encargado del despacho.
El dictamen busca cerrar vacíos legales que, hasta ahora, permitían este tipo de movimientos dentro de los ayuntamientos. En caso de incumplimiento, el Congreso tendrá la facultad de rechazar la propuesta del municipio y otorgar un plazo de 10 días para presentar un nuevo perfil; si el Ayuntamiento persiste en la irregularidad, serán los diputados quienes elijan directamente al sustituto.
Consenso entre fuerzas políticas
La medida, descrita por los legisladores como una herramienta necesaria para evitar conflictos de interés y la perpetuación de grupos familiares en el poder, recibió el respaldo de los diversos grupos parlamentarios:
– Carlos de la Fuente (PAN): El coordinador blanquiazul admitió que el caso de Juárez no constituía una ilegalidad bajo la normativa anterior —basado en el principio de que “lo que no está prohibido, está permitido”—, por lo que reconoció la urgencia de establecer este “candado” legal.
– Mario Soto (Morena): Por su parte, el coordinador de la bancada morenista respaldó la iniciativa señalando que se alinea con la agenda nacional de su partido para combatir estas prácticas.
Alcance de la reforma
Aunque la atención mediática se ha centrado en el freno al nepotismo, la reforma también contempla otras disposiciones, como la facultad para que los municipios regulen con mayor precisión los espectáculos y eventos públicos a través de sus reglamentos internos.
Esta reforma representa un mensaje directo hacia la transparencia gubernamental, buscando asegurar que la titularidad de los municipios no sea vista como una extensión de las esferas privadas de los funcionarios salientes.