Ciudad Juárez.- José Luis A. C., dueño del Crematorio Plenitud fue declarado sustraído de la justicia y el ministerio público se encuentra solicitando la orden de aprehensión en su contra después de que no compareció en la audiencia de revisión de medidas cautelares que estaba programada para esta mañana.
En una audiencia breve, sus defensores particulares señalaron que no había observaciones sobre la notificación que se le realizó, pues se hizo correctamente
El juez Héctor José de Luna León afirmó que la notificación se realizó en dos distintos domicilios, además de un número telefónico para que el empresario compareciese, luego de que se revocó el amparo a su favor que permitió su liberación en febrero.
Jose Luis A. C. fue vinculado proceso por ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres luego del hallazgo de 386 cuerpos embalsamados, que fueron localizados en el crematorio plenitud el 26 de junio de 2025
Cómo fue liberado
De acuerdo con las versiones recabadas por El Diario, el abogado supuestamente responsable de entregar el dinero es identificado como “Murga”, de nombre Ismael, quien dijo representar al despacho jurídico y haber realizado este tipo de actos con anterioridad. Además, aclaró que el juez no encontraba cómo justificar el amparo, y por ello no lo había resuelto pese a que fue interpuesto desde julio de 2025, tras la vinculación a proceso el 4 de julio en los juzgados estatales.
“Niego absolutamente cualquier tipo de señalamiento de corrupción. Es totalmente falso. Hay investigaciones que se están haciendo respecto del órgano de administración; de los quejosos, que pueden presentar sus quejas, y nosotros estamos aquí para atender cualquier solicitud que nos hagan”, afirmó Rivas Martínez.
Continuó: “Cualquier persona que tenga alguna información respecto de cualquier servidor público puede presentar la denuncia, las pruebas que tenga a su disposición”.
El juzgador reconoció que el escrutinio público forma parte del trabajo que desempeña, pero “en muchas ocasiones se dicen cosas sin sustento, se hacen afirmaciones que al final de cuentas afectan la vida de los servidores públicos, sobre todo si son afirmaciones a la ligera”.
El Diario recabó tres testimonios distintos en los que se señala a “Murga” de haber reconocido la entrega del dinero, así como haberlo hecho en la residencia del juzgador para no atraer la atención en las instalaciones del Poder Judicial, cerca de Galerías Tec, aunque no se precisó la zona donde habita Rivas Martínez.
Personal de Legal reconoció que aproximadamente desde diciembre de 2025, Ismael Hernández Murga trabaja para el despacho, pero se negó categóricamente su participación en hechos de corrupción, y se apuntó que ni siquiera participa en el caso del crematorio Plenitud.
Pineda acusó, por otra parte, al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de haber resuelto el amparo en revisión que revocó el amparo que dio Rivas Martínez, pues fue a finales de febrero que se interpuso el recurso por parte de la Fiscalía General del Estado y las víctimas, y se resolvió en mayo, en menos de los 90 días que la Ley de Amparo da a los órganos jurisdiccionales para fijar una postura.
El abogado defensor de José Luis A. C. denunció que el órgano colegiado se “saltó turnos”, y ofreció criterios contradictorios en dos amparos en revisión distintos relacionados con el acusado.
En el amparo 94/2026 se entró al estudio del asunto y se revocó el amparo que concedió en febrero Rivas Martínez, mientras que en el amparo 376/2025 no se entró al estudio porque se mantuvo el supuesto del amparo concedido, se explicó.
Pineda anunció que se levantaría una queja ante el Tribunal de Disciplina por esas inconsistencias en las resoluciones del Segundo Tribunal Colegiado, que fueron discutidas y aprobadas por unanimidad el mismo día, con seis minutos de diferencia una de la otra. Reiteró no haber formado parte de ningún acto de corrupción.
Un juez federal ordenó el 12 de febrero la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, al determinar que los hechos imputados no constituyen delito.
El juez Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, resolvió que no se actualizan los verbos “ocultar” y “conservar” cadáveres de manera ilegal, por lo que dejó sin efecto la vinculación a proceso y la prisión preventiva.
El empresario, perteneciente a la influyente familia Cuarón, relacionados con el Partido Acción Nacional y el clero Católico, permanecía en prisión desde el 30 de junio de 2025, luego de que se le acusara por el hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio.
Según la información difundida, los cadáveres habrían sido mantenidos sin cremación y en condiciones inadecuadas entre marzo de 2022 y junio de 2025, junto con otro implicado que era empleado del lugar de nombre Facundo Trinidad M. R.
El Diario de Juárez
iZN