Por: Agencia Reforma

Ciudad de México.- Entre 2019 y 2026 siete de cada 10 bajas de la Guardia Nacional han sido reportadas por ataques de arma de fuego, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La corporación que nació civil en 2019 y después se hizo militar en 2024 concentra el mayor impacto letal en operaciones de seguridad, por encima del Ejército, en una inercia sostenida de agresiones con armas de fuego en estados bajo disputa criminal.

De acuerdo con un registro oficial del instituto armado, obtenido vía Transparencia, 413 elementos de fuerzas federales –Ejército, GN y Fuerza Aérea Mexicana– han muerto en operaciones contra la delincuencia en ese periodo.

De ese total, 219 corresponden a la GN, 182 al Ejército y 12 a Fuerza Aérea.

El desglose de la dependencia indica que la violencia letal proviene principalmente de ataques armados.

El incremento de ataques letales contra elementos de la GN y Fuerzas Armadas en México está ligado al acceso del crimen organizado a armamento con capacidad militar y al posible adiestramiento de mercenarios extranjeros, advirtió Javier Oliva, especialista en seguridad nacional.

“Era armamento propiamente militar, ya no solamente dedicado a las tareas convencionales, sino a un conflicto regular, es decir, a una guerra convencional”, explica.

Oliva Posada relaciona este fenómeno con el tráfico ilegal de armas hacia México y recuerda recientes declaraciones del titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, sobre cartuchos calibre .50 hallados en operativos contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco.

El académico considera que la creciente “capacidad de fuego y cadencia de fuego” de los grupos criminales es una de las principales explicaciones detrás de las bajas recientes de la GN.

Del total de casos, 262 fallecidos, es decir, 63%, fueron causados por agresiones con arma de fuego. En segundo lugar aparecen los accidentes operativos, con 122 casos (30%), y en menor medida los artefactos explosivos improvisados, con 22 registros (5%), además de otros eventos aislados.

En el caso específico de la GN, de sus 219 elementos fallecidos, 148 murieron por arma de fuego, lo que equivale al 68% del total. Es decir, casi siete de cada 10 bajas de esta corporación fueron producto de ataques directos.

En contraste, en el Ejército, 108 de sus 182 bajas fueron también por arma de fuego, una proporción menor (59%).

En términos absolutos, la GN registra 40 muertes más por disparos que el Ejército, lo que la coloca como el principal blanco de las agresiones del crimen organizado.

El resto de las bajas en la Guardia Nacional se distribuye en 58 muertes por accidentes –principalmente automovilísticos durante patrullajes o traslados–, 10 por artefactos explosivos improvisados y tres en otras circunstancias.

Poder de fuego

Las agresiones contra elementos de la Defensa están concentradas en zonas específicas del país donde operan organizaciones criminales con capacidad de fuego y control territorial.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa aparecen de forma reiterada en las hojas revisadas como escenarios de ataques con arma de fuego contra personal federal.

A estos se suman Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato, entidades que forman corredores clave para el trasiego de drogas, rutas logísticas o disputas entre grupos rivales.

En esos estados se han registrado agresiones a convoyes, emboscadas a patrullajes, ataques a retenes o enfrentamientos en zonas rurales y carreteras.

En Jalisco –núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación– y Michoacán –donde confluyen células armadas y grupos locales–, los registros incluyen tanto ataques directos como el uso creciente de explosivos improvisados.

Tras la muerte de “El Mencho”, en el golpe más fuerte para las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, en febrero pasado, 25 elementos de la GN fueron asesinados durante las reacciones violentas del CJNG, de acuerdo con reportes atribuidos al Gabinete de Seguridad.

Las agresiones incluyeron bloqueos, quema de vehículos y ataques contra autoridades en una jornada que obligó a activar operativos en carreteras y zonas urbanas.

Ese saldo equivale, por sí solo, a una parte relevante de las bajas anuales de la corporación y confirma el nivel de exposición de la GN frente al CJNG en su zona de origen.

En los registros de la Defensa, Jalisco aparece de forma reiterada como entidad de muerte de elementos federales por “arma de fuego”.

En Sinaloa, los casos se enmarcan en la disputa interna entre facciones del propio cártel de Sinaloa, mientras que en Tamaulipas, las agresiones se vinculan a rutas fronterizas controladas por el cártel del Golfo y del Noreste, según registros ministeriales.

Aunque numéricamente son menores, los artefactos explosivos improvisados representan uno de los indicadores más relevantes del cambio en las tácticas del crimen organizado.

Los 22 casos documentados en el registro –y particularmente los 10 que impactaron a la GN– se concentran en años recientes y en entidades como Michoacán y Jalisco.

En algunos casos se trata de minas terrestres artesanales; en otros, de dispositivos lanzados o colocados en rutas de patrullaje.

La presencia constante de estos artefactos apunta a una evolución en la capacidad ofensiva de los grupos criminales, que comienzan a adoptar prácticas propias de conflictos de baja intensidad.

Fuera del combate

No solo los operativos contra el crimen organizado llevan consigo riesgos para las tropas.

Las 122 muertes clasificadas como accidentes incluyen principalmente choques vehiculares, caídas, incidentes en entrenamiento y eventos aéreos.

El diagnóstico militar muestra repetidamente la causa “automovilístico”, lo que refleja la movilización de los despliegues en carreteras y zonas urbanas.

También aparecen casos de paracaidismo, caídas y fallas en maniobras.

Aunque estas muertes no derivan de agresiones directas, están ligadas al contexto, es decir, un despliegue permanente, con alta movilidad, jornadas extendidas y presencia continua en zonas de riesgo.

Desde su creación en 2019, la corporación fue concebida como una fuerza de proximidad y despliegue territorial, con funciones que incluyen patrullaje urbano, vigilancia de carreteras, instalación de retenes y contacto directo con la población.

Ese modelo la coloca en la primera línea de interacción con células criminales, a diferencia del Ejército, que suele operar en tareas de contención, apoyo estratégico o intervenciones focalizadas, dijeron mandos militares en retiro, pero que participaron en la capacitación de la nueva corporación.

En los registros analizados, la presencia de la GN es recurrente en eventos de agresión directa, lo que explica su mayor exposición al fuego del crimen organizado.

En otras palabras, mientras el Ejército mantiene presencia nacional con funciones diversas, la GN enfrenta el contacto más directo y frecuente con el crimen organizado.

Esa exposición se traduce en más de la mitad de las bajas totales y el mayor número de muertes por arma de fuego, coincidieron las fuentes.

Explosivos improvisados

El crimen organizado incorporó el uso de minas artesanales y drones con explosivos como una táctica letal contra fuerzas federales, con saldo documentado de al menos 22 elementos del Ejército y la GN muertos por artefactos explosivos improvisados entre 2019 y 2026, de acuerdo con registros de la Sedena obtenidos vía Transparencia.

Los documentos revisados muestran que 10 de esas bajas corresponden a la GN y el resto al Ejército, principalmente en Michoacán, Jalisco y Sinaloa, entidades donde grupos criminales han usado explosivos colocados en caminos, brechas y zonas rurales, o adaptados para ser lanzados desde drones.

Aunque las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte de militares y guardias nacionales en operaciones contra la delincuencia, los explosivos improvisados aparecen como una amenaza en crecimiento: representan 5% de las 413 bajas documentadas por Defensa, pero su presencia se concentra en los años más recientes y en regiones de disputa criminal.

En los reportes oficiales se repiten registros con la causa “artefacto explosivo improvisado” en Michoacán, Jalisco, Chiapas y Sinaloa.

En 2024 aparecen casos en Michoacán y Jalisco; en 2025 se multiplican los registros en Michoacán, y para 2026 ya hay bajas anotadas por explosivos en Sinaloa y Michoacán.

El caso más grave ocurrió en mayo de 2025, cuando ocho integrantes de fuerzas federales murieron por la explosión de una mina en los límites de Michoacán y Jalisco, durante un operativo en una zona de influencia del CJNG.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó que en 2025 fueron desactivados mil 645 artefactos explosivos improvisados, 122.5% más que los 739 neutralizados en 2024, principalmente en la región de Tierra Caliente, de acuerdo con reportes locales.

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán documentó un impacto civil: al menos 34 muertos y 45 heridos por minas artesanales y explosivos lanzados desde drones desde enero de 2022 en Tierra Caliente.

Exposición de la Guardia Nacional 

La Guardia Nacional concentra actualmente la mayor cantidad de despliegues operativos federales en regiones con presencia del crimen organizado, particularmente en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, donde las agresiones con armas de alto poder, drones explosivos y minas artesanales se han intensificado en los últimos años.

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