Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- La madrugada anterior a la elección del 6 de junio de 2021 en Sinaloa, que ganó el morenista Rubén Rocha, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, sicarios del crimen organizado que viajaban en varias camionetas sacaron de su casa al secretario de organización del PRI, José Alberto Salas, y lo mantuvieron secuestrado.
Por la noche, el cuñado de la candidata del PRI-PAN-PRD en Badiraguato, Guadalupe Gascón, fue apaleado y en la mañana de la elección hombres armados se llevaron también a un hermano de la aspirante hasta que ella renunció a la candidatura.
“Voy camino a decir que me bajo de la candidatura, que no voten por mí, que voten por Morena, pero que me regresen a mi hermano con vida”, recordó que dijo Iribe Gascón al senador priista Mario Gastélum, quien perdió ante Rocha.
También, acusó al entonces candidato de Morena, José Paz Elenes, quien gobierna el municipio de donde es originario Joaquín “El Chapo” Guzmán desde ese año.
El 17 de junio de 2021, en una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el PRI enlistó al menos nueve personas secuestradas y 42 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía local por la comisión de delitos electorales.
En agosto siguiente, en una denuncia ante la OEA, los priistas aseguraron que tan solo en la campaña de su candidato en Culiacán, Faustino Hernández, quien perdió ante Juan de Dios Gámez, acusado también de narcotráfico por EU, al menos un centenar de integrantes fueron secuestrados.
“Aquella noche, el crimen organizado puso en marcha un operativo para desactivar, mediante amenazas, agresiones y levantones”, indicó el PRI.
En su denuncia ante el Tribunal Electoral local, el tricolor presentó 102 anexos con notas publicadas, entrevistas a funcionarios y comunicados de partidos sobre la violencia del crimen organizado para influir en la elección, incluso reportes del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
Sin embargo, el Tribunal determinó –por unanimidad– que las notas periodísticas solo constituían un indicio y no prueba plena, “sin que se advierta la existencia de alguna denuncia ante la autoridad correspondiente”.
‘Verdades no inventos’
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió elementos en las acusaciones lanzadas desde EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y advirtió que México no actuará sin pruebas ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
“Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un Sistema Penal Acusatorio que es muy garantista, y para poder detener a alguien tiene que haber pruebas”, afirmó.
“Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testada con una nota escrita a mano que dice: ‘Juanito, 30 mil pesos’”, señaló la Presidenta.
“Pruebas, pruebas, frente a esta solicitud, que es perfectamente racional, dennos pruebas, porque no hay pruebas”, expresó.
Protegía a los ‘Chapitos’; amparan a otro exmando
Tras las acusaciones de EU por supuestas ligas con el narco, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, consiguió una suspensión por parte del juzgado tercero de Distrito en Michoacán para frenar cualquier intento de captura con fines de entrega a autoridades extranjeras.
La resolución dictada por el juez Rafael Linares protege al exmando de órdenes de detención provisional, localización o aseguramiento hasta que se resuelva el juicio de garantías en la audiencia constitucional, programada para el 1 de junio.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de los “Chapitos” durante su gestión al frente de la seguridad estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, donde habría recibido sobornos equivalentes a unos 100 mil dólares mensuales (1.72 millones de pesos).
La Fiscalía estadunidense sostiene que el militar retirado recibió los sobornos a cambio de alertar sobre redadas en laboratorios de drogas y evitar el arresto de miembros del cártel de Sinaloa.
Red familiar
El senador morenista Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por EU, ejerce el control del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a través de una red de familiares y allegados en puestos clave.
Antes de ser secretario de Gobierno en la Administración de Rocha Moya, Inzunza Cázarez pasó 25 años en el tribunal, del que fue en tres ocasiones presidente.
Su hermana, Aída, tiene un cargo como magistrada electoral; su otra hermana, Lorena, es jueza civil, y su hermano, Javier, funge como secretario de acuerdos del Tribunal.
dmc