Ciudad de México.- México enfrenta una catástrofe humanitaria y una falla sistémica en sus mecanismos de justicia, con una cifra oficial que ha superado el umbral de las 133,000 personas desaparecidas y no localizadas al cierre del primer trimestre de 2026. Esta crisis, caracterizada por una impunidad casi absoluta del 99%, ha escalado a los niveles más altos de la diplomacia internacional tras la reciente activación de mecanismos de supervisión extrema por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
El escrutinio internacional y la visita de la ONU
En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU tomó la decisión trascendental de solicitar a la Asamblea General que examine la situación en México bajo el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional. Esta medida excepcional se reserva para Estados donde existen indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática.
En este contexto de máxima tensión, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó el país entre el 19 y el 22 de abril de 2026. Tras reunirse con colectivos de víctimas y autoridades, Türk concluyó que la impunidad y la polarización política son los principales frenos para la justicia, advirtiendo que las desapariciones erosionan profundamente la confianza entre la población y el Estado.
Radiografía de una tragedia en ascenso
Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestran una trayectoria ascendente que no se detiene. Tan solo entre 2023 y 2024, los registros oficiales aumentaron en más de 15,000 nuevos casos. Las entidades con mayor incidencia acumulada son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz.
El perfil de las víctimas revela una vulnerabilidad diferenciada:
Hombres jóvenes: Representan el grueso de las desapariciones, concentrándose principalmente entre los 20 y 39 años.
Mujeres adolescentes: El rango de 15 a 19 años es el más crítico, vinculado frecuentemente a la violencia de género y la trata de personas.
Migrantes: Se estima un subregistro significativo debido al miedo a denunciar y las rutas peligrosas controladas por el crimen organizado.
Crisis forense e impunidad activa
A la tragedia de las ausencias se suma una emergencia forense con más de 72,000 cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal y la localización de más de 5,600 fosas clandestinas en todo el territorio. Los servicios periciales se encuentran saturados, con equipos que carecen de certificaciones y recursos suficientes para realizar confrontas genéticas efectivas.
Las organizaciones civiles denuncian una “impunidad activa”, donde solo entre el 2% y el 6% de los casos denunciados llegan a una etapa de procesamiento judicial. Las fiscalías a menudo omiten análisis de contexto y fragmentan las investigaciones, lo que impide identificar patrones de macrocriminalidad y la posible colusión de agentes estatales con el crimen organizado.
El liderazgo de las familias buscadoras
Ante la ineficacia del Estado, las familias —principalmente mujeres— han asumido las labores de búsqueda en campo, adentrándose en zonas peligrosas armadas con picos y palas. Esta labor es de alto riesgo: desde 2011, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados.
El impacto en la salud de quienes buscan es devastador, provocando un estado de “pérdida ambigua” que genera depresión, ansiedad y enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes en el 79% de los casos.
Postura gubernamental y reformas
El gobierno federal ha mantenido un rechazo frontal a las tesis de sistematicidad, argumentando que en México ya no existe una política de Estado que ordene la desaparición forzada y atribuyendo la mayoría de los casos a la delincuencia organizada. No obstante, la administración destaca avances como las reformas legales de julio de 2025, que crearon la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad con datos biométricos.
Pese a estas herramientas tecnológicas, el desafío persiste. Como señaló la comunidad internacional al cierre de la misión de la ONU, la desaparición en México no es solo una estadística del presente, sino el desafío ético y político que definirá la viabilidad del futuro nacional.
