Por: Milenio
Chicago, Estados Unidos; 14 de abril.- La reciente firma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026 ha desatado una ola de críticas entre organizaciones civiles en Estados Unidos. La legislación, ratificada por el presidente Donald Trump, impone el registro automático en el Servicio Selectivo, una medida que afecta no solo a ciudadanos, sino también a jóvenes inmigrantes en estatus irregular, quienes enfrentan la obligación de servir en las fuerzas armadas sin recibir a cambio garantías de residencia legal.
Obligatoriedad para indocumentados
De acuerdo con el Sistema de Servicio Selectivo, la ley vigente exige que “casi todos” los hombres residentes en EU de entre 18 y 25 años se registren. Esta disposición incluye de forma explícita a:
– Inmigrantes indocumentados.
– Residentes permanentes.
– Refugiados y asilados.
– Personas bajo libertad condicional (parole).
El cambio hacia la automatización del proceso, que se prevé esté operando plenamente para diciembre de 2026, busca asegurar que ningún joven elegible quede fuera de las listas de reclutamiento ante una posible emergencia nacional.
“Quieren nuestra sangre, pero no dar estatus”: Activistas
La medida ha sido calificada como una “hipocresía” por líderes comunitarios en ciudades como Chicago. Baltazar Enríquez, activista y defensor de los derechos migrantes, arremetió contra la administración Trump al considerar injusto que se exija el sacrificio de jóvenes que el propio sistema mantiene en la sombra de la ilegalidad.
”Es lo más tonto que he escuchado. Quieren que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero sin ofrecer una residencia regular. Esto refleja la ridiculez de una administración que busca obligar a jóvenes sin estatus a registrarse en las fuerzas armadas”, sentenció Enríquez.
Cuestionamientos a la política exterior
Además del impacto migratorio, el activismo señala un trasfondo geopolítico en esta movilización. Se critica que el actual gobierno federal utilice el aparato militar en conflictos no aprobados formalmente por el Congreso, orientando la estrategia de defensa hacia el control de recursos energéticos en el extranjero.
Para los representantes de las familias inmigrantes, la postura es firme: mientras no exista una promesa real de regularización migratoria o una vía clara hacia la ciudadanía para estos jóvenes, el registro automático será visto como una herramienta de explotación demográfica más que como un deber cívico.
OZA