Washington D.C.- La Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo unánime que frena la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses, a quienes responsabilizaba de fomentar el tráfico ilegal de armamento que alimenta la violencia en México.
La decisión, redactada por la jueza liberal Elena Kagan, argumenta que:
“la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego por comerciantes a los traficantes mexicanos”. El gobierno mexicano acusaba a firmas como Smith & Wesson y otros fabricantes y distribuidores de no haber ejercido “cuidado razonable” para asegurar que sus productos no terminaran en el tráfico ilícito hacia México.
Reconocimiento de Violencia, pero Falta de Pruebas Directas
A pesar de desestimar la demanda, la Suprema Corte sí reconoció que México enfrenta un “problema severo de violencia de armas de fuego” y afirmó que “tenemos poca duda de que, como afirma la demanda, que algunas ventas de este tipo sí se hace -y que los fabricantes saben que eso sucede”. Sin embargo, el fallo concluyó que México fracasó en comprobar su argumento de que los armeros venden intencionalmente sus productos al mercado ilícito o que ofrecen “asistencia generalizada, sistemática y culpable” a traficantes ilegales. Los fabricantes argumentaron exitosamente que una ley federal de 2006 los protege de demandas por daños causados por el uso criminal de sus productos.
Noel Francisco, abogado de los armeros, celebró el fallo en LinkedIn:
“Estamos agradecidos porque la Suprema Corte está de acuerdo de que no somos legalmente responsables de criminales que mal usan el producto para dañar a personas, y mucho menos que sea contrabandeado a México para ser utilizado por cárteles de droga”.
México Insiste en Futuras Acciones Legales
Jonathan Lowy, uno de los abogados que representaron al gobierno de México, expresó su “firme desacuerdo” con el fallo y criticó la ley de 2006. Sin embargo, subrayó que el tribunal
“…no disputó las afirmaciones detalladas de México de que la industria armera de Estados Unidos deliberadamente suministra el flujo de armas criminales para lucrar de este mercado criminal”.
Más importante aún, Lowy agregó que el tribunal “tampoco aceptó los amplios argumentos de los fabricantes de armas que los hubiera inmunizado contra casi toda responsabilidad por sus actos indebidos”. Esto implica que México puede preparar y presentar un nuevo caso con “hechos adicionales”, ya que la corte rehusó aceptar los argumentos de la industria de que nunca podrían ser responsables de daños en México.
Pablo Arrocha Olabuenaga, asesor legal de la cancillería de México, manifestó su decepción con el fallo, pero reiteró la “fuerza de nuestros argumentos y las pruebas en que se basan”. Aseguró que el gobierno mexicano continuará haciendo “todo en nuestro poder para proteger a mexicanos” y frenar el flujo de armas ilícitas. Detalló que continuarán con la demanda contra comerciantes de armas en Arizona, esperan una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presentarán su caso ante la OEA, la ONU y el gobierno estadounidense.
“Estamos considerando todas las opciones para ampliar y presentar más acciones legales, y estamos convencidos de que prevaleceremos”, afirmó.
El caso contra los armeros se inició en 2021. Aunque un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos había permitido que México procediera con su demanda en 2024, la decisión de la Suprema Corte de este jueves marca el final de esta demanda particular. Organizaciones estadounidenses opuestas a la violencia de armas han apoyado la postura mexicana. Nick Wilson, del Center for American Progress, lamentó que:
“el fracaso continuo para hacer que la industria de armas rinda cuentas por armar a los cárteles de droga mexicanos con armas estadunidenses mina nuestras prioridades de seguridad nacional e inmigración”. Sin embargo, destacó que la corte rechazó la solicitud de la industria de “escudar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego de casi toda responsabilidad, aun cuando actúan ilegalmente”.
jacl
