Saltillo, Coahuila; 5 de mayo.- Ante la negativa de algunas administraciones municipales por realizar el proceso de entrega-recepción, se busca realizar modificaciones a las leyes para establecer obligaciones, fechas y sanciones, afirmó la diputada local y coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Edna Ileana Dávalos.
Al finalizar 2024, hubo sonados casos, como los de los exalcaldes de Frontera, Roberto Piña Amaya, y de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, que se negaron a abrir la información y entregar cuentas a las administraciones municipales entrantes.
“Si no hay entrega-recepción, no hay documentos ni estados financieros que permitan cotejar el gasto que se hizo o las inversiones que se realizaron. Creo que hay elementos para que puedan hacer las denuncias correspondientes y existen las rutas jurídicas para hacerlo”.
“Lo que sí tenemos tarea en el Congreso es hacer la reforma, y la dividiría en tres puntos. El primero es fijar las fechas, porque es ambigua la ley. Sólo dice que se buscará voluntariamente para iniciar el proceso. Si bien, viene reconocido como un acto protocolario, no vienen establecidas las fechas”, comentó.
El segundo punto será establecer sanciones por evitar la responsabilidad, que es una situación que no viene contemplada en la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila.
“Y la tercera, es que los comités tendrían que certificarse y que sean personas con conocimiento técnico, jurídico y contable para que se tengan entregas-recepciones confiables, que den un resultado como la ciudadanía quiere”, agregó.
En el caso específico de Frontera, Edna Dávalos detalló que el actual Cabildo no aprobó las últimas cuentas públicas del exalcalde Roberto Piña, porque se carece de los elementos probatorios del gasto que se realizó.
HDC
