Por: AP
Nueva York, Estados Unidos; 30 de marzo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales y que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.
La orden afirma que Estados Unidos ha fallado "en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias" y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales. Amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.
La medida, que seguramente será objeto de impugnaciones debido a que los estados tienen amplia autoridad para establecer sus propias reglas, es congruente con la larga historia de Trump de criticar los procesos electorales. A menudo afirma que las elecciones están siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden y lo atribuyó falsamente a un fraude generalizado.
Trump se ha centrado particularmente en la votación por correo, argumentando sin evidencia que no es segura e invita al fraude, aun cuando ha cambiado de opinión sobre el tema dada la popularidad del voto por correo entre los electores, incluidos los republicanos. Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se procesa judicialmente.
El requisito de prueba documental de ciudadanía que se incluye en la orden es indicio de que el presidente no esperará a que los republicanos del Congreso aprueben su proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que pretende hacer lo mismo.
Los republicanos han defendido esa medida, señalando que es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones. El voto por parte no ciudadanos ya es ilegal y puede resultar en cargos por delitos graves y la deportación.
Los grupos que defienden los derechos electorales han expresado su preocupación de que el requisito podría despojar a algunas personas de su derecho a votar. Se estima que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no cuentan con una prueba de ciudadanía a la mano, según un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos.
También hay preocupaciones de que las mujeres casadas que han cambiado sus apellidos tendrán problemas al intentar registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera. Tales inconvenientes ocurrieron en recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
La orden de Trump ordena a agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, compartir con los funcionarios electorales datos federales que podrían ayudarles a identificar a no ciudadanos en sus listas.
También dice que el secretario de Justicia debería “priorizar la aplicación de las leyes federales de integridad electoral” en los estados que no compartan información sobre posibles delitos electorales con el gobierno federal.
La orden también estipula que los votos deben ser “emitidos y recibidos” a más tardar el día de las elecciones y establece que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones siempre que tengan el matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La orden ejecutiva de Trump seguramente enfrentará impugnaciones, dado que la Constitución otorga la autoridad sobre las elecciones a los estados. Si bien el Congreso tiene el poder de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de Derechos Electorales—, la Constitución deja claro que los estados tienen la autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de las elecciones.
HDC
