Washington, D.C., 12 de noviembre de 2024.- La Jueza de Coahuila Karina Martínez Jiménez, quien fue destituida de su cargo presuntamente como represalia por haberse amparado contra la reforma judicial en México, junto con la Coalición de Mujeres Alas, Dignidad y Justicia Laboral, han presentado una petición urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las violaciones a los derechos laborales de las mujeres en el país.
Esta denuncia se fundamenta en el contexto de un “apartheid laboral” de género y las violaciones resultantes de la reforma judicial recientemente aprobada.
La petición de carácter urgente, que fue presentada esta semana en Washington, D.C., argumenta que las mujeres en México continúan siendo objeto de discriminación en el ámbito laboral, lo que afecta su acceso a empleos dignos, recursos económicos y autonomía personal.
Las organizaciones señalan que las mujeres enfrentan violencia laboral y represalias por denunciar violencia y discriminación, lo que perpetúa un ciclo de exclusión y abuso que afecta no solo al ámbito público, sino también a la vida privada de las víctimas.
“La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral es una de las formas más invisibles y persistentes de violencia de género. Esta violencia no solo impide a las mujeres acceder a una igualdad de oportunidades en el empleo, sino que limita su capacidad para ser autónomas y libres de tomar decisiones por sí mismas”, explicó la Jueza Karina Martínez Jiménez durante la presentación de la solicitud, hecha ante la CIDH en Washington, D.C.
La Coalición de Mujeres Alas, Dignidad y Justicia Laboral, en conjunto con la Jueza Martínez, denuncian un patrón de “apartheid laboral en razón de género” en México, en el que las mujeres son excluidas de ciertas oportunidades laborales y relegadas a trabajos de menor remuneración y con mayor frecuencia sujetos a actos de violencia laboral. A su vez, las víctimas que se atreven a denunciar estos abusos enfrentan represalias, tales como despidos injustificados.
Los informes presentados ante la CIDH incluyen un análisis de impacto dispar sobre la violencia y discriminación estructural en el ámbito laboral mexicano, basado en datos públicos que evidencian que las prácticas discriminatorias son prevalentes tanto en el sector público como privado. Se argumenta que el sistema judicial mexicano, tras la reciente reforma, no solo ha dificultado el acceso a la justicia, sino que también ha fortalecido la impunidad en casos de violencia y discriminación laboral.
Además de las denuncias sobre la violencia de género y las condiciones laborales injustas, la petición ante la CIDH también aborda los efectos negativos de la reforma judicial aprobada recientemente en México. Las reformas, argumentan las denunciantes, han impactado negativamente el acceso a la justicia, violando las garantías estipuladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, se solicita a la Comisión Interamericana intervención urgente para proteger los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, particularmente en relación con los procesos judiciales y los casos de acoso denunciados por la Jueza Karina Martínez Jiménez.
El gobierno mexicano ahora tendrá que presentar un informe ante la CIDH en respuesta a la petición planteada. En caso de que se determinen violaciones a los derechos de las mujeres, la CIDH podrá emitir recomendaciones para proteger sus derechos y garantizar un entorno libre de violencia y discriminación.
Esta acción de la Jueza Martínez y la Coalición de Mujeres busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación crítica de los derechos laborales y humanos de las mujeres en México.
La coalición insiste en que es urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la implementación de medidas concretas para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral y frenar la impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.
ACS
