Por: Grupo Zócalo
Saltillo, Coah.- Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitieron una posicionamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país, como se dio a conocer semanas atrás, argumentando el riesgo de la seguridad nacional.
El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, así como los otros 31 gobernadores, se unieron a esta petición que fue entregada al buzón judicial para que sea analizado por la SCJN como calidad de “amicus curiae” , que es una figura de colaboración para la corte.
En el pronunciamiento que elaboraron los gobernadores pidiendo seguir con la prisión preventiva, advierten que es necesario mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
Tras la petición, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, la avaló.
“Veo con buenos ojos y con mucho respeto la petición que ha hecho incluso el señor Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, al firmar junto con sus compañeros gobernadores dicha petición a la Corte”.
El magistrado señaló que la SCJN tendrá que analizar la petición de los gobernadores, pero siempre dentro de los márgenes que le permite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el año pasado emitió una sentencia en la que se obliga a México eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Dicha figura procesal permite a los jueces y juezas imponer la medida cautelar de la prisión preventiva de forma oficiosa sin que se tenga que justificar el hecho de que el imputado amerite ser privado de su libertad.
En Coahuila, desde el año pasado se impuso la llamada prisión preventiva justificada, en la cual, luego de imputar el delito al detenido, el Ministerio Público debe demostrar ante el juzgador que amerita la prisión preventiva, ya sea porque hay un riesgo para la víctima o porque puede evadirse del proceso.
Con información de Luis Durón
madpf
