Por: Grupo Zócalo
Estados Unidos.- Donald Trump se enfrenta a 34 cargos por presunta falsificación de documentos que, según los fiscales, sirvieron para ocultar un pago a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.
El republicano, de nuevo candidato a la Casa Blanca, niega que haya tenido relaciones sexuales con Daniels y desmiente cualquier acuerdo fraudulento de confidencialidad con la figura del cine para adultos.
El caso se titula “El pueblo del estado de Nueva York contra Donald J. Trump”. La selección del jurado comenzó el lunes 15 de abril y cientos de residentes de Manhattan han sido citados a comparecer ante el tribunal.
Entre ellos, se elegirán doce jurados y hasta seis suplentes, y se espera que el juicio dure unas seis semanas.
Momento histórico y solemne para Estados Unidos
Estados Unidos cruzará un umbral histórico este lunes cuando por primera vez un expresidente vaya a juicio penal en un caso revestido de un significado fatídico porque Donald Trump podría volver al Despacho Oval el próximo año.
Cuando el posible candidato del Partido Republicano entre en el tribunal para el inicio de la selección del jurado, él y el país entrarán en un nuevo estado de realidad cuando los mundos legal y político choquen en un juicio casi garantizado para profundizar el amargo distanciamiento ideológico de los estadounidenses.
El juicio, relacionado con los pagos de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016, marcará otro giro extraordinario en la historia de Trump, cuya incesante puesta a prueba de los límites del decoro presidencial y de la ley ha causado casi nueve años de tumulto político y aún puede tener años por delante. Plantea la posibilidad de que, dependiendo del veredicto del jurado, el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 podría ser un delincuente convicto. Y dado el tema del caso —detalles sobre un pago a una mujer que alegó haber tenido una relación sexual con Trump, lo que él niega— podría reflejarse mal en el carácter y la ética de Trump cuando los votantes sopesen sus decisiones en noviembre.
Los pagos por silencio no son ilegales. Trump está acusado de falsificar registros empresariales para ocultar a los votantes información poco halagadora que podría haber perjudicado a su campaña, en un presunto primer ejemplo de injerencia electoral. El hecho de que este caso se derive de una supuesta conducta personal significa que podría tener un impacto político menor que los otros tres juicios en ciernes de Trump, que se basan en mayores preocupaciones constitucionales y legales pertinentes a los poderes de la presidencia.
Pero el éxito de las tácticas legales de demora del expresidente en los otros casos —relacionados con sus intentos de subvertir las elecciones de 2020 y el acaparamiento de documentos clasificados— significa que el juicio por pago de dinero por silencio puede ser el único que se celebre antes de las elecciones. Y Trump —aunque tiene derecho a la presunción de inocencia y a la exhibición de pruebas como cualquier otro acusado— está mostrando signos de creciente agitación ante la perspectiva del juicio y la indignidad que representa para quien solía ser el hombre más poderoso del mundo.
Aun así, si tuviera que elegir sólo uno de los cuatro casos para llegar a una conclusión antes de las elecciones, sería éste.
Estados Unidos, a diferencia de las democracias que históricamente han sido menos estables, no es una nación acostumbrada a ver a sus exjefes de Estado sometidos a juicio. Aunque las circunstancias de este caso y los problemas legales más amplios de Trump son únicos, este nuevo precedente abre la posibilidad de que sea menos precipitado que futuros presidentes sean perseguidos por investigaciones judiciales. De hecho, Trump ya ha advertido que, si gana en noviembre, dedicará su segunda presidencia a la “retribución” y utilizará los poderes de la presidencia para perseguir a sus enemigos, incluida la familia Biden.
Nada de esto es ni remotamente normal. Pero todo forma parte de los desafíos políticos, legales y constitucionales extremos que Trump plantea constantemente a las instituciones estadounidenses y que está señalando que se intensificarían si gana un segundo mandato. La incesante cacofonía suscitada por su personalidad volcánica está diseñada para que a los estadounidenses les resulte difícil procesar cada Rubicón que se cruza.
madpf
