Monclova, Coahuila; 13 de abril.- Para el delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rodrigo Chairez Zamora, la eliminación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa es garantizar los derechos de las personas en delitos de alto impacto, donde esta figura operaba en automático.
“Había delitos de alto impacto o de impacto social, en donde la prisión preventiva operaba de forma automática, es decir, que dependiendo el delito o la presunción la persona iba directamente a prisión, había unos criterios internacionales que dicen que la prisión en automático que es la prisión preventiva oficiosa, no podía aplicarse”, comentó.
El delegado comentó que, en cuanto a esta región por parte de Fiscalía de Estado, cuando se advirtió que la prisión preventiva se iba a dejar de aplicar, se tuvo la precaución de aportar los datos necesarios a las autoridades federales para justificar los diferentes factores.
“Uno de los factores era que la persona se pudiera dar a la fuga y se obstaculizara el proceso o que alguna víctima testigo o denunciante podría encontrar en riesgo su integridad, otro factor podría exponerse a la autoridad judicial es que la persona que podría verse involucrada en la probable comisión del delito, alterara pruebas para obstruir las investigaciones”, comentó.
Chairez Zamora explicó que por ahora las personas a las cuales se les aplica la prisión preventiva oficiosa, piden la revisión de su situación, por lo que se lleva a cabo una audiencia donde se revisan los motivos por los cuales la persona quedó en prisión, por lo que la autoridad judicial los revisa y define si alcanza su libertad”, agregó.
"Es un reto para el sistema de justicia"
La eliminación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, puede ser un beneficio o un reto para el actual sistema de justicia, así lo consideró el abogado Santos Vázquez Estrada.
El litigante reconoció que la medida aprobada por la Suprema Corte de Justicia y la cual se implementa ya en el estado de Coahuila, obliga a respetar el principio de presunción de inocencia y obliga al Ministerio Público a justificar el porqué se da la prisión preventiva.
“Esto será una mayor carga de trabajo para las Fiscalías y para los Ministerios Públicos, quienes ahora deberán de aportar las pruebas suficientes para demostrar la necesidad aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva, partido del derecho de presunción de inocencia que tienen las personas”, explicó.
Explicó que entre los Ministerios Públicos, en delitos graves como los homicidios, sería factible que justificaran la prisión preventiva por motivos de seguridad. Mientras que en delitos como abusos sexuales, en donde el implicado tenga arraigo familiar y laboral, será más difícil acreditar que se ponga la medida.
Vázquez Estrada dijo que la eliminación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, es un avance para el Sistema de Justicia Mexicana y que va acorde con el Sistema Penal Acusatorio el cual desde el 2013 se maneja en el Estado, lo cual va de la mano con lo que diga la Corte Interamericana de Justicia.
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