Por Teresa Quiroz
Saltillo, Coah.- Tras la jurisprudencia publicada sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en 18 estados, incluido Coahuila, el abogado penalista Gerardo Antonio Pérez Pérez advirtió que esta determinación será benéfica para la impartición de justicia en la entidad.
El entrevistado reconoció que durante años los jueces locales infringieron las reglas constitucionales en materia de proceso penal, que limitaban la prisión preventiva oficiosa y la justificada.
“Aquí en Coahuila nos hemos contentado con repetir las fórmulas del Código y dejar a la gente privada de la libertad; entonces ahora que la Corte Interamericana de Justicia ha dicho que en el Estado mexicano se deben reducir los supuestos de la presión preventiva y justificada a los mínimos (homicidio, lesiones graves, falsificación de moneda, tráfico de migrantes, pornografía infantil, entre otros), habrá efectos tales como que se apliquen medidas cautelares distintas a la prisión, por lo que vamos a tener muchas personas en calidad de procesadas que, por efecto del principio de presunción de inocencia, gozarán de libertad”, explicó el litigante.
De acuerdo con el jurista, lejos de que esta determinación represente un problema grave, le da al estado un respiro, no sólo técnico o legal, sino fundamentalmente de carácter jurídico, que hará que Coahuila se distinga en el respeto de las garantías individuales, en la reducción de la población penitenciaria y en el uso correcto de los recursos penitenciarios para controlar las personas que están procesadas o condenadas por delitos verdaderamente graves.
El abogado penalista Gerardo Antonio Pérez, advirtió que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en 18 estados, incluido Coahuila, será benéfica para la impartición de justicia en la entidad.
“Tenemos que transitar de una postura punitiva, de castigo, donde el proceso penal es visto como un castigo, a una postura de respeto de las garantías del individuo, sin olvidar que la persona procesada está acusada de un hecho que es susceptible de prueba y de defensa.Nadie está diciendo que no se va a sancionar a la persona, sino que la prisión preventiva es una sanción anticipada, cuando ni siquiera se sabe si la persona acusada es culpable o no”, explicó.
Recordó que la reforma de 2008 obedeció a varias razones, una de ellas al abuso de la prisión preventiva, donde había mucha gente privada de la libertad a la espera de sentencia por delitos que probablemente ya habían copulado, el otro motivo era respetar el principio de libertad.
“Los jueces no se quisieron meter en problemas y lo que hicieron muchos años fue hacer malabares legales para retener a alguien en prisión”, sentenció Pérez Pérez.
Alargan vía
Para encarcelar al acusado sería necesario que el juez de amparo le niegue la suspensión definitiva, lo que implica que la Fiscalía tendría que convencer a dos jueces de que la persona debe ir a prisión: el que lleva el proceso y el que lleva el amparo.
Lo que dice
Jueces federales de 18 estados están obligados desde el viernes pasado a impedir la captura de personas acusadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte publicó jurisprudencia que prohíbe encarcelar a quienes enfrentan orden de aprehensión por delitos graves, para que lleven sus procesos sometidos a otro tipo de medidas cautelares.
La jurisprudencia ordena no detener a los acusados por los delitos previstos en el Artículo 19 de la Constitución, como homicidio, narcotráfico, violación, secuestro y delincuencia organizada.
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