Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México.- Bajo la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grupos criminales han crecido y controlan más territorio en México, donde ya no sólo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que se han expandido a la extorsión y hasta a los contratos públicos, advirtió ayer The Wall Street Journal (WSJ).
El diario neoyorquino publicó un reportaje en el que destaca que los criminales, detrás de la epidemia de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos, tienen libertad para asesinar a sus rivales, neutralizar a la Policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías.
“Los grupos delictivos afiliados a los dos cárteles más grandes de México (el de Sinaloa y Jalisco) han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo”, señaló el WSJ.
Los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el Gobierno de López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron de 21 mil 700 en el 2018 a 2 mil 800 en 2022, de acuerdo con la agencia nacional de estadísticas.
Ese relajamiento abrió la puerta a una expansión de las operaciones de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a EU.
La caída en los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión e ir en busca de nuevos esquemas para hacer dinero.
Bajo la amenaza de fuerza, algunos alcaldes están nombrando a miembros de grupos de la delincuencia a puestos en tesorerías locales, revelaron dos ex alcaldes de Guerrero. Esos empleos efectivamente dan a los cárteles control sobre contratos de construcción municipal, adquisiciones y otros servicios públicos. Los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos aumentaron de 94 en 2018 a 355 el año pasado, indicó Sandra Ley, experta en seguridad del centro de investigación México Evalúa.
La expansión del control de los cárteles y las tácticas cada vez más violentas han llevado a familias mexicanas a Estados Unidos en cantidades récord. Alrededor de 87 mil mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, casi cuatro veces más que el año anterior, reporta la Patrulla Fronteriza.
“Te sientes totalmente impotente y abandonada por las autoridades y la sociedad en general”, declaró Araceli Gatica, una mujer de 32 años que salió de San Luis Acatlán, un pueblo en las montañas de Guerrero.
Un grupo delictivo local amenazó con matarla luego de que ella se negó a seguir pagando un cobro de piso de 200 dólares al mes. Llegó recientemente con sus tres hijos a Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos.
El delito de extorsión ha aumentado desde 2018, señalan datos del Inegi. Productores de aguacate y limón de Michoacán, un centro de exportación para los mercados estadounidenses, han bloqueado carreteras en los últimos meses para manifestarse contra la extorsión y el robo de sus productos por parte de los delincuentes, que se ha triplicado en el último año.
Muchos funcionarios locales de Morena, el partido de López Obrador, que gobierna 23 de los 32 estados de México, interpretaron la política de “abrazos, no balazos”, como un permiso para dar cabida a los grupos delictivos como una forma de sofocar los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte, dijo Samuel Logan, jefe de Southern Pulse, una consultora de seguridad en EU.
Algunos cárteles ahora financian las campañas electorales de sus aliados, además de eliminar a los funcionarios que se oponen a ellos.
Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, y militante morenista, fue videograbada en un restaurante con el presunto líder de un grupo local del narco.
La alcaldesa no sabía que se estaba reuniendo con un presunto criminal, explicó su asistente. Meses después, delincuentes asesinaron al fiscal superior de Guerrero y al jefe de seguridad federal del Estado, dijeron las autoridades.
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