Ciudad de México.- Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado, y el senador Joel Padilla Peña han hecho un llamado urgente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para implementar una estrategia nacional que frene la creciente violencia y el enrolamiento forzado de menores de edad por parte del crimen organizado en México.
En un punto de acuerdo, también han exhortado a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a acelerar las investigaciones relacionadas con delitos como homicidios, secuestros, reclutamiento y desapariciones de menores en el país.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en términos de agravios cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Durante el año 2023, los menores en México fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento por el crimen organizado, desapariciones y otras violaciones graves a sus derechos, según los legisladores. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) informó que en ese año se registraron 2,095 asesinatos de menores, con 490 mujeres y 1,605 hombres.
Los senadores destacaron que Michoacán, Guanajuato y Jalisco fueron los estados con el mayor número de homicidios infantiles. Además, subrayaron que el reclutamiento forzado de menores por parte de la delincuencia puede ocurrir mediante diversas formas de violencia, incluyendo física, psicológica y económica, así como a través de conductas delictivas como el secuestro, la extorsión, la trata y el tráfico de menores, el chantaje, la intimidación y el maltrato.
Advirtieron que los factores facilitadores de estos reclutamientos incluyen la pobreza, la marginación, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, la inseguridad, el tráfico de menores, la explotación infantil y la difusión de la narcocultura.
Según estimaciones, al menos 30,000 menores forman parte de las filas de la delincuencia organizada, y alrededor de 250,000 están en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico. Los legisladores enfatizaron que se debe reconocer la dignidad humana de este grupo poblacional y velar por su bienestar, desarrollo y la garantía de vivir en un entorno seguro, donde se respeten sus derechos y se les ofrezca una vida libre de violencia.
jacl
