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Migrantes murieron por no pagar 200 dls; ‘Era un centro de extorsión’

Involucran sobrevivientes y guardias a autoridades del INM en el esquema de cobros ilegales

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Por Grupo Zócalo

Ciudad Juárez, Chih.- Cuando el humo blanco y las llamas anaranjadas comenzaron a llenar la celda, un hombre intentó escapar pateando frenéticamente la puerta de la celda. Otro trató de protegerse del calor echándose agua de un inodoro sobre su cuerpo. Mientras tanto, los guardias aparecían indiferentes en el video de la cámara de seguridad del incidente y salieron del edificio en llamas mientras se escuchaban gritos en la calle del Centro de Ciudad Juárez.

En total, 39 migrantes murieron encerrados en esa celda cuando el centro de detención de inmigrantes se incendió la noche del 27 de marzo, y otro murió después en el hospital. Al menos un migrante en la celda inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas.

Los sobrevivientes dicen que quienes murieron lo hicieron por una razón: no pudieron o no pagaron un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los liberaran.

Tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones le dijeron a VICE World News que la cárcel de inmigrantes en el centro de la tragedia era un “centro de extorsión” de facto, donde solo los migrantes con los medios para pagar eran liberados. Otros tendrían que permanecer en la cárcel y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen.

“Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir: o transferías 200 o te devolvían a tu país”, dijo a VICE World News Joan, un migrante venezolano que dijo haber pagado para salir del centro de detención y así salvar su vida. Pidió ocultar su apellido por temor a represalias.

Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas el mismo día del incendio, dijo. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 7 de la noche. Esa es la fecha límite que dijo que le dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportado al día siguiente.

“Solo estoy vivo porque mi familia pagó”, dijo, mientras se agarraba a los barrotes fuera del centro de detención días después del incendio en medio de una multitud de migrantes que habían sobrevivido al incendio o seguían buscando a sus seres queridos.

El centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez estaba integrado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y guardias de una empresa de seguridad privada. Tanto los oficiales del INM como los guardias supuestamente dirigieron la operación basada en transferencias electrónicas para estafar y extorsionar a los migrantes.

Los familiares de los migrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión en las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privados para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos, dijeron a VICE World News dos guardias de seguridad privados que trabajaban en el centro de detención. Dijeron que las ganancias luego se repartían entre quienes administraban el esquema, incluido el personal del INM.

“Cada migrante pagaba entre 200 y 500 (dólares) para ser liberado”, dijo un guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, incluida la noche del incendio. Pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias. “Cerramos las puertas a las 7 de la noche y si pagaban antes los dejaríamos salir. De lo contrario, eran deportados a sus países o enviados a la Ciudad de México”.

Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República de México en nombre de los familiares de los migrantes fallecidos, acusando a los jefes del INM y su oficina regional de extorsión.

“Empezando por Francisco Garduño (máximo funcionario del INM) y sus empleados regionales y locales, todos son delincuentes, están extorsionando a los migrantes”, dijo Vázquez a VICE World News en una entrevista.

La denuncia acusa a Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado de Chihuahua, y a Daniel Goray Yosioka, gerente del centro de detención donde murieron los migrantes, de encabezar la supuesta trama de extorsión. 

La denuncia alega que Guerrero y Yosioka cobraron a los migrantes 500 dólares por un documento de “liberación prolongada” que les permitiría ser liberados.

Un segundo empleado que trabajaba en el centro de detención de Ciudad Juárez, incluso la noche del incendio, dijo que los guardias también vendían cigarrillos, encendedores y “drogas de todo tipo” a los migrantes detenidos en el centro. Dijo que vendieron un paquete de cigarrillos a 10 dólares y los encendedores a 2.50.

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