Sufren periodistas asesinados récord en sexenio de AMLO; suman 28 homicidios

De diciembre de 2018 a la fecha, 28 periodistas han sido asesinados en primera mitad de la Administración de AMLO, documentó Artículo 19

Por: Agencias

Ciudad de México.- Las cifras varían, pero la conclusión es la misma, y los tres asesinatos registrados en lo que va de este año parecen confirmarlo: México vive uno de los momentos más violentos contra la prensa y la libertad de expresión.

Artículo 19 documenta 28 periodistas asesinados de diciembre de 2018 a la fecha, lo que convierte a la primera mitad de la Administración de Andrés Manuel López Obrador en la más cruenta contra la prensa de los últimos cuatro Gobiernos.

De acuerdo con los registros de la organización, en los primeros 3 años y 2 meses del Gobierno de Vicente Fox fueron asesinados 6 periodistas, con Felipe Calderón fueron 25, y con Enrique Peña Nieto las víctimas sumaron 17.

Si bien los años más cruentos contra los trabajadores de medios de comunicación se vivieron bajo la gestión de Peña Nieto -en 2017 mataron a 12 periodistas y en 2016 a 11-, el asesinato de tres periodistas en las últimas semanas preocupa a especialistas por la tendencia de la violencia.

En tanto, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) registra 13 periodistas asesinados entre 2019 y 2021.

La cifra es menor a la de Artículo 19 por tratarse de casos en los que el CPJ confirmó que el crimen se debió a la labor periodística de la víctima, pero la gravedad retratada es mayor, pues, con esa misma lógica, en todo el sexenio de Peña Nieto el CPJ documentó 18 homicidios de periodistas, con Calderón registró 15 y con Fox 7.

Si se consideran los asesinatos en los que no se ha confirmado un móvil directamente relacionado con la labor profesional de las víctimas, como en los casos ocurridos este año, los crímenes reportados por el CPJ incrementan a 39 en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, los mismos que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las cifras toman rostro con los crímenes de este mes de enero.

José Luis Gamboa fue asesinado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero en Tijuana, Baja California, y en esa misma ciudad fue asesinada Lourdes Maldonado el domingo 23.

“Todo esto nos da cuenta de que el tiempo se le está acabando al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a los diferentes Gobiernos de los Estados”, sentencia Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, en entrevista con Grupo REFORMA.

“Los periodistas en México están exigiendo una respuesta, y, si esa respuesta no viene, el Gobierno de López Obrador terminará pasando a la historia como uno que habla mucho de la libertad de expresión, pero que no la protege”.

El periodista y activista califica a la actual Administración federal como una llena de retórica, pero con pocos resultados, pues la impunidad sigue siendo casi total en los crímenes contra periodistas.

“El sexenio de López Obrador está enfrentando cifras como nunca antes hemos visto en la historia moderna de la República mexicana y es algo muy escalofriante, pero es la realidad en la que vivimos”, dice.

“Y yo creo que el Gobierno de López Obrador tiene una relación mucho más compleja que sólo violencia; de un lado vemos que no ha tenido ciertas prácticas muy perversas de otros Gobiernos, pero también vemos que este Gobierno, como ningún otro en la historia mexicana, ha comenzado una estrategia de constantes ataques contra la prensa en la opinión pública”.

Hootsen recalcó que la impunidad y la violencia criminal no tienen ideología ni color partidista, pues los asesinatos de periodistas han ocurrido bajo gestiones priistas, panistas y de Morena.

“Esto nos da cuenta que una vez que la violencia criminal y la impunidad se les sale de las manos a los Gobiernos estatales, ya no importa quién está en el poder, a qué partido responde, si es aliado del político x o la política, y la violencia y la impunidad es generalizada”, plantea.

En el mismo sentido, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México, considera que la violencia hacia los periodistas es un reflejo de la intolerancia de la clase política al escrutinio y la crítica pública, y como ejemplos puso a los Gobernadores o ex Mandatarios Miguel Barbosa, Javier Corral, Jaime Bonilla o Enrique Alfaro.

“Sí tenemos una prueba de que, cuando la cabeza del Ejecutivo, en estos casos estatales, tiene esta virulencia contra la prensa, esto se replica por otros funcionarios”, explica.

En Puebla, dice, se acosa judicialmente, donde funcionarios estatales demandan por daño moral a los periodistas.

De acuerdo con los registros de Artículo 19, en esta Administración federal, al igual que en las anteriores, los principales agresores de periodistas son funcionarios públicos y los partidos políticos.

“De las 362 agresiones que registramos en el primer semestre del año pasado, más de la mitad, 193, tienen que ver por cobertura de corrupción y política, contrario a lo que se podría pensar de que quienes más sufren agresiones son quienes cubren las notas de seguridad”, destaca Maldonado.

“En México se agrede a la prensa cada 12 horas, según nuestros datos hasta el primer semestre de 2021, y las agresiones pasan por amenazas, bloqueos informativos, estigmatización, campañas de desprestigio, y van escalando en magnitud, pasando por secuestros, tortura, agresiones físicas y desapariciones y asesinatos”.

La gran mayoría de las víctimas mortales ya había denunciado amenazas y agresiones previas, ha documentado Artículo 19.

“La situación que está viviendo México en materia de violencia contra la prensa no ha tenido parangón con ningún otro inicio de año del que tengamos registro”, asegura Maldonado.

“El mensaje es muy claro: hay permisividad en la medida en la que no avancen las investigaciones”.

Aunque reconoce que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la FGE, ha tenido una ligera mejora en sus investigaciones, advierte que las agresiones constantes contra la prensa opacan esos avances.

“No va a haber un mecanismo de protección que pueda atender la cuestión de la violencia contra la prensa en la medida en la que persista la impunidad”, concluye.