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Sin castigo ni consecuencias, los asesinatos de periodistas en México

Como en la mayoría de crímenes en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total

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Como en la mayorí­a de crí­menes en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total

Por: EFE

Ciudad de México.- Con dos agresiones al dí­a y una impunidad casi total, la violencia contra los periodistas se perpetúa en un México con ineficaces medidas de protección y crí­ticas diarias a los medios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Matar periodistas en México no tiene ninguna consecuencia. A lo sumo se puede lograr que algún autor material, quien jaló el gatillo, sea procesado, pero no necesariamente se va a llegar a los autores intelectuales”, dijo a Efe el director para México y Centroamérica de la ONG Artí­culo 19, Leopoldo Maldonado.

Las escalofriantes cifran han llevado a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) a calificar el paí­s como el “más mortí­fero” para la prensa en el mundo.

Según Artí­culo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y diez en 2019, el paí­s registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.

Pero la ligera tendencia a la baja de los aí±os recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de tres reporteros: José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz), y Margarito Martí­nez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California).

“Vengo también aquí­ para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, dijo Lourdes Maldonado en marzo de 2019 en una de las conferencias diarias de López Obrador en Palacio Nacional, en referencia a un “pleito” que tení­a con el actual exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.

Su caso es un reflejo de la ineficacia de las medidas de protección y de una realidad que desborda las promesas presidenciales.

“Vemos con muchí­sima preocupación que México continúa siendo un paí­s de alto riesgo para ejercer el periodismo”, denunció a Efe la directora ejecutiva de Amnistí­a Internacional (AI) México, Edith Olivares.

Impunidad desorbitada

Artí­culo 19 documentó 362 agresiones en el primer semestre de 2021, una cada doce horas.

“La violencia va creciendo y no se ha contenido”, apuntó Leopoldo Maldonado, y lamentó la incapacidad del Estado mexicano, tanto del Gobierno Federal como de las autoridades locales.

Como en la mayorí­a de crí­menes en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total.

De hecho, la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión abrió alrededor de 3 mil investigaciones desde 2010 pero solo obtuvo 22 sentencias condenatorias, según reportó Artí­culo 19.

Verdugos de cuello blanco

Aunque la violencia es “estructural” en México, las “fuentes de origen” de las agresiones a la prensa dificultan, más si cabe, la prevención de estos crí­menes, explicó a Efe, Jade Ramí­rez Cuevas, integrante de la Red Periodistas de a Pie.

“Se ha roto el contrato social y prácticamente cualquier gobernante, funcionario y polí­tico, en colusión con el crimen organizado, puede atentar” contra la vida de los periodistas, afirmó la experta, preocupada también por la “precarización laboral” y la falta de “responsabilidad de los dueí±os” de medios.

Artí­culo 19 reportó que los funcionarios públicos infligieron 83 agresiones de las 362 registradas entre enero y junio de 2021, lo que lleva a que muchos casos no se investiguen.

En 81 casos no hubo “elementos suficientes” para acreditar al autor del ataque, mientras que en 79 la agresión fue a manos de un “particular” y en 56 casos fue ejercida por un “partido polí­tico“.

Mientras que el crimen organizado estarí­a detrás de 12 agresiones.

Un mecanismo insuficiente

México tiene desde 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente consta de mil 504 beneficiarios, 493 de ellos periodistas.

Según la Secretarí­a de Gobernación (Segob), esta cifra implica un aumento de 88 por ciento frente a los 798 beneficiarios de 2018.

Maldonado destacó que este aí±o, y pese a la eliminación de un fideicomiso, se incrementará el presupuesto del mecanismo en 56 por ciento. “Pero va a ser insuficiente”, advirtió.

El problema con este mecanismo federal es que no busca una “polí­tica integral” que atienda las causas de la violencia, advirtió Olivares, de Amnistí­a.

“Está diseí±ado para la reactividad (…) y no permite prevenir los ataques”, agregó.

Jade Ramí­rez Cuevas es un triste y paradójico ejemplo de la utilidad del mecanismo.

Hace aí±os recibió varias amenazas de muerte, primero por su cobertura de la oposición a una presa y luego por su defensa de periodistas y defensores.

Y entre 2012 y 2015 formó parte de la Junta de Gobierno de este mecanismo como representante de la sociedad civil.

“Me generó nuevos riesgos, amenazas y ataques. (…) Y acudimos a instancias internacionales para tener garantí­as de protección”, explicó Ramí­rez Cuevas, destacando que desde hace aí±os Periodistas de a Pie se ha “desmarcado” del organismo.

El presidente estigmatizador

Cada vez que matan a un periodista, López Obrador condena la violencia y promete justicia expedita y libertad de expresión.

“En el caso de la compaí±era que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo”, indicó este martes desde Palacio Nacional.

Recordó que Lourdes Maldonado no formaba parte del mecanismo federal de protección y atribuyó la violencia existente a décadas de “neoliberalismo“.

Pero en el discurso de López Obrador se mantienen los ataques a buena parte de la prensa, que califica de “fifí­â€ (conservadora).

Incluso los miércoles, en su mediática “maí±anera”, hay una sección para destapar las “mentiras” de los medios.

“Desde el poder público se descalifica y estigmatiza a la prensa”, dijo Maldonado, quien lamentó que las palabras del presidente generen un “efecto cascada” que llega a toda la clase polí­tica, que ya de por sí­ es “profundamente intolerante a la crí­tica y al escrutinio público”.

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