Impulsan Morena y aliados juicio político contra consejeros del INE

Ciudad de México.- Diputados de Morena, PVEM y PT impulsan la presentación de un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de suspender parte de la organización del ejercicio de revocación de mandato agendado para abril de 2022, debido a la falta de presupuesto. Integrantes de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, creada para aglutinar a los legisladores de las tres bancadas, se manifestaron a favor de proceder contra los consejeros. De avalarse con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados, los consejeros electorales podrían dejar su cargo y ser inhabilitados, y el INE se quedaría sin más de la mitad de sus integrantes. Para elegir nuevos consejeros, se necesita la mayoría calificada de los diputados, votos que se obtienen con los partidos de la Oposición. La Cámara de Diputados en la pasada Legislatura, como órgano de acusación, con la mayoría de Morena aprobó el juicio político contra Rosario Robles, pero el proceso quedó inconcluso, porque el Senado no se erigió como Jurado de Sentencia.

“Que se escuche esta voz desde todas las entidades federativas, las diputadas y diputados que suscribimos respaldamos la determinación del Presidente del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, en el sentido de agotar todas las vías jurisdiccionales, incluyendo las de carácter penal, a fin de lograr que se restablezca el orden constitucional y respaldaremos el proceso de Juicio Político en contra de los consejeros que aprobaron este atropello a los derechos civiles y políticos de millones de ciudadanos mexicanos”, cita un pronunciamiento firmado por 80 diputados, entre ellos la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez.

Afirman que la resolución “impuesta” por una ajustada mayoría de seis consejeros electorales, contra cinco que votaron en contra, suspende el derecho constitucional a la consulta. Sostienen que un ejercicio de consulta solo podría suspenderse si se dan las causales de invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz pública o peligro para la sociedad. En su escrito, los legisladores sostienen que la resolución del INE vulnera lo dispuesto por el artículo 29 constitucional y el diverso 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíben la suspensión de los derechos políticos.

“La suspensión de derechos solo puede existir mediante autorización expresa del Poder Legislativo Federal, en el que están representadas las 32 entidades, por lo que se advierte una notoria invasión de facultades parlamentarias”, sostienen los legisladores de las 32 entidades.

La Comisión Jurisdiccional, con 13 integrantes, se encargaría de ver las demandas de juicio político de los consejeros electorales, pero hay otras que se han presentado previamente contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, entre otros.