Seí±alan desacato en el abasto de medicamentos oncológicos.
Por: Agencia ReformaÂ
Ciudad de México.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera y la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas, fueron denunciados penalmente ante la FGR por desacato en el abasto de medicamentos oncológicos.
La denuncia contra los funcionarios fue presentada el pasado 16 de julio por desobedecer de manera reiterada la orden de un tribunal para garantizar el abasto de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 hospitales públicos durante 2020 y 2021.
El Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito formular la querella debido a que Alcocer, Herrera y Lagunas desacataron una suspensión concedida el 6 de agosto de 2020 como parte de un amparo promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP).
El delito de desacato a una suspensión es sancionado por la Ley de Amparo con pena de tres a nueve aí±os de prisión.
âA efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del secretario de Salud, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del oficial mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federaciónâ, dice el acuerdo del juzgado.
La FGR tendrá que integrar la carpeta de investigación correspondiente y si no presenta cargos deberá justificarlo ante el Juzgado Cuarto.
Durante el tramite del amparo, tanto la SSa como la SHCPÂ negaron una y otra vez ser las responsables del abasto de estos medicamentos a los hospitales públicos, no obstante que, a inicios de 2020, las compras del sector salud estuvieron a cargo de la Oficialía Mayor de la SHCP.
A finales de 2020 y principios de 2021, el juzgado estuvo concediendo nuevas prórrogas a las autoridades para cumplir la suspensión, por lo que AMOHP presentó una queja.
El pasado 2 de julio, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al juzgado denunciar penalmente el desacato ante la FGR.
