Revelan existencia de círculos organizados que han abusado de nií±os y producido pornografía infantil en escuelas públicas y privadas.
Por: El FinancieroÂ
Ciudad de México.- En escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de nií±os dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines de pornografía en línea.
De acuerdo con el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha acompaí±ado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, âse trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolarâ.
Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.
La ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos. El informe indica:
âNumerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en líneaâ.
El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.
La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: âDe manera consistente, nií±os y nií±as describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excrementoâ.
También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compaí±eros y compaí±eras; además, ânií±os y nií±as refieren ser grabados o fotografiadosâ.
El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó âpor parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)â a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.
Estudiando con el enemigo
En el Jardín de Nií±os Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante aí±os.
Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco aí±os de edad.
âDe las testimoniales de 19 nií±os y nií±as de entre tres y cinco aí±os se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestrosâ.
Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel.
âLa mayoría de los nií±os y nií±as refiere que fueron agredidos en un baí±o. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenajeâ, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.
Por meses o aí±os nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.
Al menos 13 de los nií±os refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeí±o frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.
âEntre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una nií±a dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescosâ, que eran hechos pasar como juegos.
El âCaso Aâ: rituales, juegos e impunidad por filtraciones de las autoridades
En 2008, la ODI representó el caso de una nií±a de cinco aí±os por abuso sexual en un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en el informe como âCaso Aâ.
âLa pequeí±a menciona a hasta seis adultos involucrados (â¦) y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compaí±eros y compaí±eras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escenaâ. La narrativa del caso es atroz.
Sin ningún tipo de trámite, control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de la SEP, la nií±a fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compaí±eros a una casa en la que había adultos extraí±os. La menor describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la presencia de bebés como víctimas del abuso.
El caso no llegó a juicio. Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a represalias. No son casos aislados.
La forma de operar de estos grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se acusó a seis adultos como agresores de nií±os.
âDescriben ser victimados en diversos espacios de la escuelaâ. Son los patrones delictivos, con saí±a inaudita. Tres nií±os muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los 10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.
El infierno en las aulas de la CDMX
En la âCiudad innovadora y de derechosâ que presume el gobierno capitalino, los casos, las historias y el terror para los nií±os se repiten. En 2018, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) contactó a la ODI para atender el caso de un preescolar público en la capital del país. Por tratarse de una investigación aún activa, sólo lo identifican en el informe como âEscuela Bâ.
Nuevamente, abusos masivos a plena luz del día, en el patio de la escuela, en el baí±o o los salones; 16 nií±os y nií±as describieron a más de un adulto presente en el momento del abuso.
En total, 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, a varias maestras, personal de intendencia y, paradójicamente, hasta un supervisor pedagógico. Todos, empleados de la SEP; todos, juntos, abusando de menores de entre tres y cinco aí±os.
El tráfico de nií±os trasladados de una escuela a otra o a domicilios particulares se repite como práctica común de estos grupos. Dos menores declararon que en el momento de la agresión se encontraban presentes nií±os y nií±as que no eran de su escuela. Una decena de nií±os, lo mismo que en otros casos, refiere cómo los sacaban de la escuela, los subían a automóviles y los llevaban a casas donde eran abusados.
En el caso de la âEscuela Bâ, los menores ârefieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios nií±os y nií±as, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un adulto frente al grupo, o incluso observar actos sexuales entre dos o más adultosâ.
También en este caso cuatro menores describen la presencia de cámaras.
âSi bien este dato puede no ser relevante para el nií±o o nií±a que carece de comprensión sobre temas de explotación sexual digital, es un elemento sumamente importante para entender posibles explicaciones de lo sucedidoâ, aí±ade el informe.
La explotación y abuso sexual infantil por pedido en línea implica que el perpetrador que solicita y dirige el acto se encuentra físicamente distante de las víctimas. Comúnmente, el material se consume desde su hogar, incluso en un país distinto al lugar en el que se comete el abuso.
Sea a través de contacto directo con el agresor sexual o a través de un intermediario, el perpetrador indica qué actos desea que sean producidos por el agresor o los agresores en contacto con los menores. El abuso sexual infantil es comúnmente transmitido en vivo por medio de redes sociales comerciales encriptadas.
Además de estos casos, el informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o están libres dando clases.
Margarita Griesbach Guizar, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., mencionó a EL UNIVERSAL que en México, en este tipo de casos, prevalece la desarticulación entre policías y fiscalías, la falta de preservación de evidencias; no hay investigación criminal, existen filtraciones de las procuradurías, fragmentación de la investigación, falta de adecuación para la infancia y exclusión de la víctima.
âNo me atrevo a decir si es una red, muchas redes o simplemente un nuevo modus operandi de una nueva forma de criminalidad. Lo que queda claro es que estamos frente a criminalidad compleja y que, ante ello, se requiere de una investigación con una mirada amplia para entender lo que está pasando en México con estos delitos.
âYo sí creo que la incompetencia es el mejor amigo de la corrupción y la impunidad, porque lo que nos pasa una y otra vez, tanto con la investigación criminal como con la intervención de la SEP, es que hay incompetencia en términos de profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el resguardo institucional, o es doloso y hay encubrimientoâ, concluyó.
