El presidente Andrés Manuel López Obrador ha aplazado en distintas ocasiones la meta de cobertura universal del programa 'Internet Para Todos'.
Por: EFEÂCiudad de México.- El gobierno de México llegará al Día Mundial del Internet, este lunes 17 de mayo, con la ambiciosa meta de garantizar âInternet para Todosâ, un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha retrasado en un país donde casi 35 millones siguen sin acceso.
Aunque en su primer aí±o de mandato, en 2019, prometió cobertura universal para 2021, luego aplazó su meta a 2022 y el mes pasado la pospuso hasta 2023.
âLo queremos hacer a más tardar en el (20)23, esto es tener todo el país comunicado mediante internet, ese es el compromiso, lo hice desde que asumí el gobiernoâ, declaró el pasado abril.
Pero a mitad del sexenio, aún no existe âestabilidad institucionalâ ni âfinanciamiento constanteâ para proyectos públicos y privados que permitan alcanzar las metas, consideró Ramiro Tovar, profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
âYa llevamos tres aí±os de la actual administración y todavía no vemos la implementación efectiva de metas predeterminadas y sujetas a una evaluaciónâ, expuso a Efe el experto de telecomunicaciones.
Desconectados
En México hay 80.6 millones de personas con internet, pero aún hay 34.4 millones que no son usuarias, casi un tercio de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sólo 44.3 por ciento de los hogares tiene computadora y 56.4 por ciento conexión a internet, según el Inegi.
âNo es necesariamente malo ponerse metas ambiciosas, es importante porque la necesidad es muy apremiante porque las comunidades sin acceso tampoco tienen otros servicios públicos y están en una situación de mucha marginaciónâ, comentó a Efe Elena Estavillo, presidenta de la agrupación Conectadas.
El diagnóstico del presidente es que sólo 25 por ciento del territorio nacional está comunicado por internet por âlos atrasos de la corrupción del neoliberalismoâ y el interés económico de las empresas privadas
Por ello, en 2019 creó una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que invertirá 11 mil millones de pesos (550 millones de dólares).
Su meta para 2025 es habilitar 200 mil puntos de acceso a internet gratuitos, extender los servicios de red y banda ancha a cerca de 130 mil localidades y adecuar infraestructura para generar âuna gran capacidad de transporte de datosâ.
Aunque Estavillo coincidió en que âno es un secretoâ que para las empresas no es rentable comunicar a las comunidades más apartadas, advirtió âacciones desarticuladasâ del Estado.
âCFE no es una autoridad, es una operadora estatal y ahí pareciera haber una confusión tremenda porque no tiene facultades para hacer política pública, no es una secretaría de Estadoâ, apuntó la también la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Asimismo, cuestionó la desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el âdebilitamientoâ de otros organismos encargados de la digitalización en medio de âun momento disruptivoâ ocasionado por la pandemia.
âNo estamos viendo un plan integral de digitalización del país, no tenemos una estrategia nacional, aunque para algunas comunidades se cumpla la meta de llevar el internet, va a legar a un lugar donde muy probablemente la población no tenga habilidades digitalesâ, observó.
Huecos legales y presupuestarios
El profesor Tovar seí±aló que las âprimeras deficienciasâ surgieron con la reforma de telecomunicaciones de 2013, impulsada por el gobierno anterior.
âFue eminentemente de carácter regulatorio y dejó un hueco enorme sobre mecanismos inmediatos para promover la penetración y la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, no se incluyó ningún esquema institucionalâ, mencionó.
Pese a las intenciones del presidente, el académico del ITAM advirtió que âno hay lo fundamentalâ: presupuesto constante.
âPor más que el presidente se reúna con directivos de las principales operadores de telecomunicaciones y que se hagan convenios, la verdad es que hay una insuficiencia de fondos, la meta es ambiciosa y, por lo tanto, imposible bajo las actuales circunstancias de finanzas públicasâ, consideró.
