El ex gobernador de Chihuahua es seí±alado por su presunta responsabilidad en delitos de peculado
Por: Grupo Zócalo
Chihuahua.- El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un amparo con la intención de que el gobierno de México no presente a Estados Unidos la petición formal de extradición, tras su captura en Miami, Florida.
En la demanda de garantías también reclama la orden de aprehensión librada en su contra y la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional.
El asunto fue radicado al juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, cuya titular es la jueza María Dolores Núí±ez Solorio.
En el acuerdo publicado por la juzgadora se menciona que toda vez que el asunto se presentó vía electrónica, es procedente su tramitación. Asimismo, pidió a la apoderada legal de César Duarte que acredite la personalidad con la que se ostenta en la demanda.
El 8 de julio el ex gobernador fue detenido en Miami por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres aí±os de permanecer prófugo.
El 8 de octubre de 2019, la jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró orden de aprehensión contra César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El 18 diciembre de ese mismo aí±o, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.
Contra el ex mandatario estatal existen al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, dinero se cree que fue a parar a las campaí±as electorales del PRI.
A nivel federal enfrenta una acusación por peculado electoral por 14 millones de pesos, acusación que le imputó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la entonces Procuraduría General de la República, porque retuvo un porcentaje de los salarios de los trabajadores del gobierno del estado para entregárselos directamente al PRI.
Con información de Milenio
