Que se castigue a los culpables.
Por Ernesto Acosta
Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado pide a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, investigar y castigar a los responsables del saqueo de fármacos en la Clínica 2 del Seguro Social en Saltillo.
Asimismo, que los presuntos implicados sean separados del cargo de manera temporal, a fin de realizar la investigación en forma objetiva e imparcial en el nosocomio que atiende a 117 mil saltillenses.
La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, aclaró que no se permitirán âinvestigaciones a medias ni chivos expiatoriosâ.
Explicó que el sábado anterior salió a relucir una red de corrupción y tráfico de fármacos en la que supuestamente directivos de la Clínica 2 obligaban a médicos, anestesiólogos y enfermeras encargadas de las farmacias, a sustraer medicamento como fentanilo y propofol, que, según especialistas, combaten el coronavirus.
âPersonal de la Clínica denunció que los directivos los amenazaban con despedirlos; además, los hostigaban al no participar en el tráfico de medicamentos. Uno de los principales seí±alados, al parecer es subdirector de la Clínica, quien abusando de su puesto de autoridad exigía la expedición del medicamento sin que fuera registrado en los libros de controlâ.
âAsimismo, denunciaron que se exigía a los médicos anestesiólogos e internistas, a que expidieran recetas, algunas sin folio interno de control, para extraer grandes dosis de fármacos, violando los procedimientos expedidos por las autoridades sanitariasâ.
Por ejemplo, se documentó que los médicos eran obligados a elaborar recetas hasta por 30 ampolletas de fentanilo con fechas de hasta dos aí±os atrás, sin que su uso fuera justificado, pues con una sola ampolleta es posible la atención de hasta tres pacientes.
âLa forma en que se han desenvuelto los directivos de la Clínica 2, ha demostrado que dejaron a un lado el interés público: utilizaron sus atribuciones para beneficio personal, sin importarles las graves consecuencias, como el desabasto de medicamentosâ.
Además, rompieron las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, al hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar y amenazar al personal subordinado, lamentó.
