El gobernador Wilson Witzel da ejemplo desde un helicóptero y pide que la policía dispare âen la cabecitaâ
Río de Janeiro.-Â Cada vez que se acerca el helicóptero de la policía, Karoline Rodrigues, de 22 aí±os, sabe lo que tiene que hacer: ella y su madre se tumban en el suelo detrás de un mueble de madera maciza, confiando en que aguante las posibles balas perdidas de la enésima operación de combate al narcotráfico.
No es nada nuevo para esta joven criada en la Maré, un enorme conjunto de favelas muy cerca de aeropuerto internacional de Río de Janeiro, ni para los miles de cariocas que conviven con escenas de guerra todos los días. Pero algo empeoró en los últimos meses.
"Ahora no tenemos forma de estar seguras ni dentro de casa, porque el helicóptero dispara desde arriba. Nuestro tejado es muy simple, de tejas de barro, cualquier bala las atraviesa enseguida. Cuando viene el helicóptero sientes la casa temblar, es una sensación de indefensión terrible", comenta a EL MUNDO esta estudiante de Ciencias Sociales.
El primer lunes de mayo, a media maí±ana, una operación de la Policía Civil con helicópteros dejó ocho muertos en la Maré. Las imágenes de nií±os con el uniforme escolar huyendo de las balas que llovían desde el cielo causaron una tímida conmoción en una ciudad con la piel curtida a base de tragedias. El Projeto Ueríª, una escuela del barrio, colgó en su tejado un cartel con el lema: "No disparen. Escuela".
Desde enero, el nuevo gobernador de Río, Wilson Witzel, un aliado de Bolsonaro, impuso una política de ejecución que él mismo abandera orgulloso, lamentan sus detractores. Días después de las muertes en la Maré se subía a otro helicóptero desde donde un agente disparaba a diestro y siniestro sobre una colina. Las balas perforaron una lona que supuestamente era un escondite de narcotraficantes. Resultó ser un espacio de oración de un grupo evangélico en el que por suerte no había nadie.
El Gobierno alega que los reglamentos de la Policía Militar y de la Policía Civil permiten el uso de helicópteros en operaciones policiales, pero en realidad deberían servir para coordinar a los agentes que actúan en tierra, no para disparar.
No es la primera polémica de este gobernador con "complejo de Rambo", como dicen algunos políticos de la oposición. Durante la campaí±a electoral, preguntado por sus propuestas para combatir la violencia, prometió drones capaces de disparar desde el aire y pronunció una de sus frases más célebres: "La policía apuntará en la cabecita y... ¡fuego!". Witzel defiende que la policía pueda matar directamente a cualquier sospechoso armado con un fusil y ha asegurado que tiradores de élite ya están actuando en secreto ejecutando "bandidos".
Después del episodio del helicóptero, la diputada opositora Renata Souza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Río, le denunció ante la ONU y la OEA.
"Un gobernador que ordena que su policía dispare a matar es algo que viola nuestra Constitución, que no prevé la pena de muerte. Y aunque la contemplara, ¡antes tendría que haber un juicio! Witzel ordena a los agentes que apliquen la pena de muerte cotidianamente en los suelos de la favela y la periferia (...) la política declaró la guerra a los pobres, negros y 'favelados", critica en declaraciones a EL MUNDO.
Renata era amiga de la concejala Marielle Franco, asesinada el aí±o pasado por dos ex policías, y decidió presentarse como diputada regional en las pasadas elecciones tras la conmoción causada por el crimen. Después de ser denunciado ante los organismos internacionales, el gobernador exigió a su base de aliados que anularan el mandato de la diputada. Desde entonces, ella asegura que sufre una persecución constante.
VIOLENCIA POLICIAL E IMPUNIDAD
La estrategia del nuevo gobernador ya se traduce en números: en los primeros tres meses del aí±o la policía mató a 434 personas, una media de cinco muertes al día y todo un récord en los últimos 20 aí±os. Dos nií±os murieron tras ser baleados en medio de los enfrentamientos de la policía con las bandas de narcotráfico. No obstante, el Gobierno de Río, preguntado por este diario, prefiere destacar otros datos, como la reducción global del número de asesinatos: "En abril hubo 356 víctimas de homicidio doloso, un 25% menos que en abril de 2018".
Para los especialistas en seguridad pública, el riesgo es que la opinión pública compre el discurso de que la guerra está funcionando. "Se está consolidando una tormenta perfecta. Convivimos con números indignantes desde hace muchos aí±os, pero ahora ha calado en la sociedad la idea de que hay muertes que son tolerables, en un proceso gravísimo en que los policías pueden ser jueces, matar primero y preguntar después", destaca Pablo Nunes, investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cí¢ndido Mendes.
La retórica de Bolsonaro, con sus medidas para armar al 'ciudadano de bien', va en esa línea. El 'paquete anticrimen' que propone el Gobierno prevé que la policía pueda disparar a matar cuando sienta "sorpresa, miedo o violenta emoción". Los expertos prevén un aumento de los ya elevados índices de impunidad. En muchos casos, no obstante, no es necesario esperar cambios legales. En abril, una docena de militares del Ejército que patrullaba un barrio militar del norte de Río acribillaron con más de 80 tiros el coche de una familia negra. Murió el padre, un músico, y otro hombre que acudió a socorrerle.
Los militares argumentaron que confundieron el vehículo con el de unos ladrones, y aunque fueron detenidos en un primer momento, un tribunal militar les puso en libertad poco después. La única jueza que votó por mantenerles presos de forma preventiva se preguntó qué habría pasado si el coche estuviera en el exclusivo barrio de Ipanema y su conductor fuera un hombre blanco vestido de Hugo Boss, ¿habrían disparado igual?
