Fabrican delitos para judicializar detenciones arbitrarias.
Por Redacción
Saltillo, Coah.- Fue torturado tantas veces en un lapso de seis horas que se desmayó en cinco ocasiones sofocado por las bolsas de plástico y el agua a presión que le proyectaban a la boca y la nariz.
âJuanâ fue detenido por una unidad del Grupo de Reacción Sureste (GRS) cuando salía de su trabajo la tarde del pasado 25 de marzo en la calle Quetzalcóatl de la colonia Los Pinos, e intentaron fincarle el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, a pesar de que el joven no traía drogas entre sus pertenencias.
Tres días después de su detención, la jueza de control, Griselda Elizalde Castellanos, declaró ilegal la detención de âJuanâ por la cantidad de inconsistencias en el procedimiento policiaco y su presentación al servicio médico y al Ministerio Público.
No obstante, los tres días que transcurrieron entre la detención y la liberación, este joven saltillense sufrió torturas, amenazas y padeció la fuerza de un sistema policial y judicial corrompido.
Al ser liberado el pasado 28 de marzo, todavía malherido por la cantidad de golpes recibidos durante su cautiverio, âJuanâ, junto a su par de abogados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Agentes del Estado, con el fin de evidenciar la violencia de la que fue víctima.
La abogada Cynthia Berenice Gaona Martínez, especializada en Seguridad Pública, Derechos de Personas Desaparecidas y Derechos Humanos, aseguró que el caso de âJuanâ no es una excepción sino la regla dentro del sistema policial de la ciudad.
âPresionados por las exigencias de sus superiores, los policías de las diferentes corporaciones municipales detienen ilegalmente a personas para después acusarlas de haber cometido algún delito y âcumplir con el jaleââ, aseguró Gaona Martínez, quien también laboró como agente del Ministerio Público de Delitos Especializados.
Eran las 16:30 horas del lunes 25 de marzo cuando âJuanâ fue interceptado por una unidad del Grupo de Reacción Sureste (GRS) en la calle Quetzalcóatl, en la colonia Los Pinos.
El joven salía de su lugar de trabajo y desde el interior de la unidad policiaca los elementos le llamaron para que se acercara y someterlo a una ârevisión de rutinaâ.
âJuanâ portaba una mochila que al momento de ser revisado uno de los elementos le quitó para llevársela hacia la parte trasera de la patrulla, mientras el joven conversaba con los otros oficiales.
Los agentes del GRS no se percataron de que una cámara de seguridad los grababa mientras hacían la ârevisiónâ, y quedó en el video un testigo de cómo uno de los policías preparaba unas bolsas con mariguana para introducirlas a la mochila de âJuanâ. Le estaban âsembrandoâ droga para judicializarlo.
Al terminar de hacer la maniobra, el policía con la mochila volvió a donde estaba âJuanâ y con la frase âya mamasteâ, le informó que había encontrado droga en esta y procedieron a detenerlo.
Agresiones y presión
Arriba de la unidad del GRS, los elementos le taparon la vista al detenido por un lapso de seis horas, en las mismas que fue golpeado y amenazado tanto arriba de la patrulla como en lugares que el joven no logró ver.
Una de las torturas más agresivas fue la que le propinaron tirado boca abajo y con dos personas sentadas sobre él, una de ellas le jalaba las piernas y otra la cabeza hacia atrás, mientras una tercera persona le proyectaba agua sobre la boca y nariz.
âJuanâ se desmayó en cinco ocasiones durante los episodios de tortura y la presión sicológica a la que lo sometieron los elementos del GRS, antes de entregarlo alrededor de las 22:00 horas al médico de la Policía Municipal.
En el primer Dictamen de Integridad Física, el galeno aseguró que el joven de 22 aí±os no presentaba lesiones a pesar de los fuertes episodios de tortura a los que fue sometido.
âJuanâ no tenía ni una sola parte del cuerpo libre de heridas y golpes: los labios destruidos, la espalda hecha pomada y no soportaba el dolor del pecho, ni siquiera podía mantenerse en pie.
Con ese dictamen médico, el detenido fue trasladado al Centro de Operación Estratégica (COE), donde no fue recibido por las autoridades debido a que era tan evidente la tortura y los golpes que no aceptaron el diagnóstico sobre el estado físico de âJuanâ.
Los elementos del GRS tuvieron que volver con el médico de la Policía Municipal para realizar un segundo dictamen médico. En ese momento, administrativamente algo estaba saliendo mal para los miembros de la corporación.
El galeno volvió a revisar a âJuanâ y dictaminó algunos golpes, pero aseguró que todos fueron realizados un día antes de que los agentes del GRS lo detuvieran, con el fin de deslindarlos de cualquier sospecha.
Cambian detención
El COE recibió a âJuanâ con el segundo dictamen médico y una Acta de Aviso de Hechos Probablemente Delictivos, documento que contiene uno de los errores más graves en este caso, que no es aislado sino repetitivo, dentro del sistema policial de Saltillo.
En el acta, las autoridades aseguraron haber detenido al joven en la calle Sor Juana Inés de la Cruz esquina con Francisco de Quevedo, en la colonia Lamadrid, ubicada al sur de la ciudad.
Sin embargo, el video que la defensa legal de âJuanâ obtuvo demuestra que la detención fue en la colonia Los Pinos, al otro lado de la ciudad. El caso se cae a pedazos, junto con el telón que permite ver hacia el sistema que usan las corporaciones para cometer detenciones ilegales.
Pero la anterior no fue la única inconsistencia, sino que los documentos oficiales del expediente dan cuenta que la hora en la que se recibió al detenido en el COE (22:30 horas) es antes de que se emita el dictamen médico (22:43 horas), lo cual es administrativamente incorrecto, imposible si de buenas prácticas y protocolos se trata.
âSaquen el jaleâ
âJuanâ es un joven que apoyado por asesores legales y su familia tomó el valor para después de salir destruido de la tortura sicológica y sentir en su cuerpo todo el poder de la fuerza pública, tomó la decisión de presentar una denuncia formal en contra de quienes lo daí±aron.
Si bien la historia de âJuanâ sirve para ilustrar este sistema de detenciones ilegales (así dictadas por una jueza de control), se perdería entre la gran cantidad de historias no parecidas sino idénticas.
De acuerdo con la abogada Cynthia Berenice Gaona, el jueves 28 de marzo que âJuanâ fue presentado ante la jueza Griselda Elizalde Castellanos, también fueron presentadas otras ocho personas acusadas por el mismo delito y además detenidas bajo la misma justificación: âfueron encontradas orinando en la calleâ. Ni siquiera hubo una intención de que hubiera variantes en los casos.
Los elementos policiales aseguran haber encontrado a los detenidos âorinando en la calleâ porque es la única manera que tienen para justificar las ârevisiones de rutinaâ, de otra manera sería completamente ilegal detener a una persona y hacerle estos âchequeosâ, en los que las mismas autoridades aprovechan para sembrar la droga, según denuncia Gaona Martínez.
Este sistema corrupto comienza desde las mismas direcciones de las corporaciones, pues son ellos quienes exigen a los elementos âsacar el jaleâ, que consiste en detener a personas cometiendo delitos de impacto social como el narcomenudeo.
Además de ser la abogada de âJuanâ, Gaona Martínez fue agente del Ministerio Público de delitos especializados y es maestrante en litigación oral, conoce desde adentro el sistema policial y judicial.
âLos superiores de las corporaciones municipales son abogados y políticos. Nunca han estado en una patrulla ni en una academia de policía, no saben del tema, ellos piden que âsaquen el jaleâ y le hagan como puedan los elementos y si no cumplen con el trabajo pues los castigan, les quitan vacaciones o los mandan a los estacionamiento a levantar las plumasâ, aseguró la licenciada en Derecho y Seguridad Pública.
Vulnerables
El sistema tiene la tarea de encubrir de tal manera, que desacatan incluso protocolos internacionales, como el de Estambul, sobre tortura, el cual la abogada solicitó fuera realizado a su defendido para saber si había sido sometido a tortura, sin embargo, las autoridades no lo realizaron ni justificaron el porqué de la omisión.
El escenario que se plantea a partir de la historia de âJuanâ, y la denuncia formal en contra de los elementos del GRS ante la Fiscalía Especializada por los delitos de privación de libertad, detención y retención punible, evidencia el informe falsos, falsedad de actos y abuso violento de autoridad, es por demás preocupante porque son entonces todos los ciudadanos quienes se encuentran en riesgo de sufrir una detención similar.
