Allende: las ruinas claman justicia

El aire transporta aún los susurros de la muerte, cargados de profundo dolor e inquietante temor.

Por Luis Durón

Saltillo, Coah.- La mañana del sábado 18 de marzo de 2011, Olga Lidia se dirigía a su trabajo, en el trayecto observó la casa ubicada en la esquina de Cuauhtémoc y José María Morelos, estaba en ruinas.

“La verdad pensé otra cosa. Dije ‘lo que es tener tanto dinero que de la noche a la mañana puedes tirar una casa así’, no imaginaba que estaban aquí tales o cuales personas”.

Ella sufrió la desaparición de su hija y su yerno mucho antes de esta masacre. Años después las autoridades le informaron que su hija fue victimada en el Cereso de Piedras Negras, ahí encontraron sus restos, de su yerno aún no hay noticia.

La señora es la dirigente del colectivo de búsqueda Alas de Esperanza.

Cuando salió de trabajar, a eso del mediodía, vió que había más casas destruidas. El silencio imperaba en el pueblo, no había movilización de policías, sólo se escuchaban las balaceras en diferentes puntos del pueblo.

“Todo Allende bien alborotado, dije ‘¿Pues qué pasó?’, fui y me encerré en mi casa y pues que Dios los ayude, cerramos y ya no supimos más nada de lo que estaba pasando”.

La señora relató que a partir de ese día Allende había cambiado. La gente no salía a las calles, las rutinas se perdieron, ya no había tranquilidad, un cártel se había apoderado del pueblo y no sabían cuándo iba a terminar la masacre.

Fueron tres días en que los habitantes de Allende vivieron sumergidos en el horror. “Aquí y allá se escuchaban los balazos. Nadie decía nada, nadie hacía nada, los Zetas tuvieron vía libre para operar”.

En ruinas

Ocho años después, la gente camina por las calles; se dice que hay tranquilidad pero basta mirar la forma en que la gente camina de prisa, sin saludar, sin voltear para darse cuenta que aún hay miedo.

La casa color melón de la esquina de Cuauhtémoc y Morelos es quizá la más representativa de esta masacre y es que se ubica a sólo unas cuadras de la Plaza Principal donde está la Presidencia Municipal.

Ahí vivían los Garza, quienes fueron ejecutados por los Zetas debido a que un familiar de ellos traicionó a esta organización criminal y se acogió al programa de testigos protegidos en Estados Unidos.

La casa sigue en ruinas, los pilares de mármol posan aún sobre la banqueta. Hay boquetes en los cuartos y los techos caídos. Esta residencia es un mudo testigo de lo que sucedió aquel fin de semana de marzo de 2011.

La gente del pueblo pasa por ahí sin voltear, ya no les sorprende ver la casa así. Ya son ocho años en que se acostumbraron a este horror. Como esta, se tienen contabilizadas otras 31 viviendas destruidas.

Olga Lidia dice que mucha gente prefiere ignorar los que pasó y seguir con su vida. Sólo los que tienen familiares desaparecidos pueden comprender la magnitud de lo que sucedió en Allende y los pueblos de los Cinco Manantiales.

Las huellas ahí están, las cicatrices siguen abiertas, el dolor es palpable en cada muro derrumbado, en cada mosaico destruido.

La hierba ha crecido alrededor del inmueble, algunos vándalos la utilizan como guarida, pero esa casa es la prueba de que un fin de semana, los Zetas se apoderaron de un pueblo.

Esa residencia está ahí para recordar a cada una de las personas que fueron víctimas de un cártel que hace algunos años gobernó en Coahuila e impuso su ley a través de la violencia.

Cada año se realiza una ceremonia en el memorial construido por el Gobierno estatal como promesa de que no se repetirán estas masacres en el pueblo de Allende y de los municipios que conforman la franja fronteriza de Coahuila.

Omisiones

La masacre en Allende, “fue el resultado de un Gobierno que no es corrupto sino criminal, que utiliza la impunidad como un control del pueblo y estrategia política”, aseguró el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Recordó qué el Tribunal Permanente de los Pueblos, luego de revisar las omisiones de las autoridades locales, evidenció las formas en que las autoridades contribuyeron a que dichas atrocidades se llevaran a cabo.

“Fueron casi 10 rubros sobre violaciones hacia los derechos humanos de parte del Estado mexicano, al gobernar en contra de su pueblo y a favor del capital del mundo, naciones donde están sus corporativos”, comentó.

Asimismo señaló que la impunidad ha sido una herramienta para controlar a la población sobre las fechorías, no sólo de Allende, sino al resto cometidas en el país, orientada a la represión social.