Aprueban ley.
Por Luis Durón
Saltillo, Coah.- En entrevista para Tele Saltillo, el presidente de la Junta Local de Gobierno del Congreso, Marcelo Torres Cofií±o, explicó lo referente a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, la cual contempla la indemnización a los ciudadanos que sufran algún daí±o por una actividad administrativa irregular hecha por el Estado o el Municipio.
âEstablece las bases para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la indemnización por daí±os y perjuicios que les sean ocasionados por alguna autoridad o servidor público.â
Marcelo Torres Cofií±o, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, visitó el estudio de Tele Saltillo para explicar en qué consiste la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, que en días recientes fue aprobada y que contempla indemnizaciones a los ciudadanos por fallos del Gobierno del estado o municipios.
âDe manera recurrente se presentan casos donde ciudadanos son víctimas de la activad irregular del Estado ya sea por omisión, por exceso o deficiencia en el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicosâ.
También existe el caso de servicios públicos de la administración estatal o municipal prestados con deficiencia o negligencia. Esta ley establece el procedimiento para el reclamo del pago por la irresponsabilidad del Estado o de los municipios. Además se deberá designar una partida presupuestal anual para este fin
âEsta ley contempla que las indemnizaciones comprenderán los daí±os y perjuicios reales que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa pública sin que existan el límite o candados en el monto del pagoâ.
El diputado seí±aló que el órgano encargado de gestionar dicha ley es el Tribunal de Justicia Administrativa, donde el ciudadano interpondrá su demanda y se harán las diligencias para comprobar que fue víctima de alguna irregularidad y se le tendrá que indemnizar en consecuencia.
âLo que te garantiza es que la indemnización sea proporcional al daí±o ocasionado y no menor. Es importante establecer que es una deuda histórica que se tenía con los coahuilenses que ahora tienen la posibilidad de demandar en todos estos casosâ.
El funcionario seí±aló que además del pago de la indemnización, los funcionarios o servidores públicos podrían ser sancionados incluso con la destitución de su cargo o hasta sanciones penales.
