Combate al huachicol costará 0.1% del PIB: Citibanamex

La institución bancaria explicó que para que esta sea una política pública recomendable, la medida debe ser temporal

Ciudad de México.- El banco multinacional de origen estadunidense Citibanamex consideró que la estrategia del combate contra el robo de combustibles emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá un impacto económico neto total de 23 mil 600 millones de pesos, equivalente a 0.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). En un reporte especial, difundido esta maí±ana, Citibanamex afirmó que la escasez de combustible en todo el paí­s representa la primera gran crisis que Andrés Manuel López Obrador debe enfrentar en menos de un mes desde su toma de protesta. “Aun cuando aplaudimos la resolución del gobierno para combatir un problema que se ha convertido gradualmente en una amenaza nacional, pensamos que los efectos secundarios de su estrategia pueden ser importantes”, advirtió. El gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la nueva estrategia antirrobo superan los costos de la estrategia. “Sin embargo, por definición, los costos estáticos de cambiar a una forma menos eficiente y costosa de transporte de combustible exceden los beneficios”. Explicó que para que esta sea una política pública recomendable, la medida debe ser temporal y la reducción del robo, una vez que se regrese a la normalidad, deberí­a ser lo suficientemente significativa como para compensar el costo que la medida estuvo vigente. “En el nivel macro, pensamos que la medida constituye un choque de oferta, con impactos principalmente en la actividad”. En el supuesto de que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos dí­as, “estimamos una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos. Además, asumimos una recuperación de 13 mil millones de pesos para fines de enero y otros 3 mil millones en el siguiente mes. En consecuencia, la pérdida neta total del PIB es de 23.6 millones de pesos o alrededor de 0.1 puntos porcentuales del PIB”, destacó.

El intermediario financiero aclaró “los costos de eficiencia y los impactos macroeconómicos también se intensificarí­an cuanto más tarde en reanudarse el servicio normal. Para nuestras estimaciones, hemos asumido que el número de estados afectados permanece constante y con un impacto que dura como máximo 17 dí­as. En este escenario particular, el efecto, si la situación actual dura 45 dí­as, implicarí­a un impacto de 0.3 puntos porcentuales del PIB”. Recordó que la administración de López Obrador destacó la importancia de tomar medidas lo antes posible, ya que el valor de los bienes robados ascendió a unos 66 mil millones de pesos (más de 3 mil millones de dólares) en el perí­odo comprendido entre enero y noviembre de 2018, según Petróleos Mexicanos. Se ha reportado una escasez en todo el paí­s, que ha aumentado en gravedad y cobertura geográfica a medida que transcurre el tiempo, al parecer afectando al menos 16 estados. Esto ha llevado a una discusión intensa, y a menudo caótica sobre los impactos económicos de estas medidas. Por un lado, el gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la nueva estrategia antirrobo superan los costos de la estrategia. El uso de camiones para suministrar gasolina en lugar de ductos implica un costo de oportunidad de mantener las tuberí­as cerradas más el costo de la contratación de dichos camiones. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energí­a de México, ha estimado que es aproximadamente 14 veces más costoso el uso de camiones respecto a ductos. Adicionalmente, los precios en algunas de las ciudades más afectadas por la escasez (por ejemplo, Guadalajara, León y Toluca) han registrado aumentos significativos, un fenómeno que se debe seguir muy de cerca en los próximos dí­as. Finalmente, afirmó que el dilema de la política pública continúa con un enfoque cuya eficacia depende de la rapidez con la que se implementa, pero que, al menos hasta el momento, todaví­a muestra un margen de maniobra en términos de opinión pública. Es, de hecho, un camino riesgoso porque implica un aumento de riesgos a la baja en términos de variables de actividad.